37 Mérida Escobar declaró ante un tribunal sobre todo lo que había investigado y concluido en su informe de 29 de septiembre de 1990 y reconoció su firma en dicho informe y en los partes diarios que había hecho. Al terminar de rendir su declaración, se le acercó un representante del Ministerio Público y le dijo que acababa de firmar su sentencia de muerte. En efecto, el detective Mérida Escobar inició esta declaración diciendo que temía por su vida. Fue asesinado el 5 de agosto de 1991 cuando se dirigía a la Procuraduría de Derechos Humanos. Tanto Rember Larios Tobar, antiguo jefe de José Mérida Escobar, como su compañero auxiliar de investigación, Julio Pérez Ixcajop, tuvieron que exiliarse en Canadá. Asimismo, todos los testigos, un periodista y un auxiliar de justicia tuvieron que irse al exilio. En vista de esta situación, pidió exhortos, en el proceso que tramitaba, para que los testigos que estaban en el exilio declararan ante los tribunales nacionales respectivos. No obstante, las autoridades responsables se tardaron alrededor de un año en los trámites respectivos y los hicieron tan mal y tan defectuosos que cuando llegaron a Canadá fueron rechazados por no cumplir con todos los requisitos, por lo cual tuvieron que volver a solicitarlos. Los plazos procesales vencieron y no fue posible realizar estos exhortos, lo que la obligó a tener que buscar a los testigos en Canadá y buscar todas las medidas de seguridad necesarias para poderlos llevar a dar su testimonio en Guatemala. Finalmente, Beteta Alvarez fue condenado a 30 años de prisión en calidad de autor material del asesinato de su hermana. Sin embargo, durante la sentencia de primera y segunda instancia, les cerraron la posibilidad de acusar a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, por lo que tuvieron que acudir a casación para revertir esas decisiones y poder continuar con la persecución de los autores intelectuales. En 1994 se inició un segundo proceso contra los autores intelectuales del asesinato de Myrna Mack Chang, a saber: el general Edgar Augusto Godoy Gaitán, jefe del Estado Mayor Presidencial, Juan Valencia Osorio, director del Departamento de Seguridad Presidencial, Juan Guillermo Oliva Carrera, subjefe del Departamento de Seguridad Presidencial, Juan Daniel Del Cid Morales, Juan José Larios, y un individuo de apellido Charchal. Este juicio está pendiente de sentencia firme, lleva ocho años y sólo ha sido condenado el coronel Juan Valencia Osorio. Este proceso fue atendido por seis o siete juzgados controladores, y doce o trece tribunales, incluyendo salas. Por ello, solicitó a la Corte Interamericana ordenar el nombramiento de un observador del proceso hasta que se dictara la sentencia respectiva, tomando en cuenta que en el caso de Monseñor Gerardi la sentencia que condenaba a los responsable de su muerte fue anulada en esta instancia, que el proceso de “La Masacre de las dos Erres” está detenido por más de dos años y medio porque tiene 31 amparos interpuestos y que en el caso de Colotenango, los patrulleros de autodefensa civil están presionando para ser absueltos. Quince días antes de que iniciara el juicio de 3 de septiembre de 2002, hubo varias amenazas contra el abogado que le asistía. Le dejaron mensajes de muerte y dispararon contra su casa, por lo que éste tuvo que trasladar a sus hijas fuera del país. El proceso se ha demorado, entre otras cosas, debido a la utilización de una serie de tácticas dilatorias, como la interposición abusiva de múltiples recursos de amparo. Por ejemplo, en el 2002 la defensa de los imputados interrumpió el juicio alegando que ella había vulnerado los derechos de la hija de su hermana. La sala le dio trámite al amparo y anularon el juicio, a pesar de que ni siquiera eran derechos de los imputados. En otro amparo, sobre el tema de la prueba, a pesar de que no era competencia de esa sala sino del tribunal, le dieron trámite e