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Su familia, los colegas de su hermana en AVANCSO y el personal de la Fundación
Myrna Mack han sido amenazados. El patrón siempre ha sido el de amenazar luego
de efectuada una diligencia judicial.
Recientemente, las mismas fuerzas de
seguridad han detectado seguimientos de vehículos con conductores sospechosos
alrededor de la fundación y de su casa. A su vez, quisieron vincular a su hermano
con actividades de narcotráfico, incluso iniciaron un juicio.
También le
interpusieron querellas en su contra. También han querido manchar el honor de la
familia Mack Chang diciendo que estaban vinculados al “mercado negro de divisas.”
Estos hechos han sido denunciados por su familia como por AVANCSO, y existen
expedientes en la Procuraduría de Derechos Humanos, pero no han obtenido ningún
resultado.
En una oportunidad, le pidieron al Gobierno de la República que constituyera una
fiscalía de investigación de amenazas contra defensores de derechos humanos y le
presentaron todo un proyecto de cómo poder hacer las investigaciones de quienes
ejercen las amenazas, incluyendo los operadores de justicia. No obstante, la
respuesta ha sido nula.
Se tuvo que mudar a un condominio con vigilancia para que el control de ingreso de
personas a su residencia fuese más adecuado. Hay guardias de seguridad y tienen
paredes altas para evitar cualquier control. A nadie le gusta vivir con seguridad
porque uno nunca sabe en qué momento alguien los traiciona y pasa la
información, sobre todo con la trayectoria que tienen de lucha en este caso.
Le ha afectado emocionalmente vivir con tanta angustia e incertidumbre. El Estado
ha jugado mucho con la guerra psicológica. La actitud del Estado de Guatemala en
esta Corte fue una táctica más de guerra psicológica. El Agente del Estado fue
testigo de su caso y ahora lo quieren poner en su contra, utilizando en el proceso
internacional las mismas tácticas dilatorias que las utilizadas nacionalmente.
Para lograr que su familia no se desmoronase y se mantuviera firme en la lucha por
conseguir justicia, cada quien debió llevar un proceso individual. El caso de su
hermana es un caso paradigmático, no sólo para su familia sino para muchos
guatemaltecos que se ven reflejados en él. Es un peso bastante fuerte que la
obligó a renunciar a su vida personal y dedicarse tiempo completo a representar
con dignidad a las miles de víctimas que no tuvieron oportunidad. Ella no es
abogada, es administradora de empresas de profesión y anteriormente no tenía
conocimientos de los derechos humanos. Entre 1990 y 1993 tuvo que dedicarse ella
sola al caso y además trabajar doble jornada para poder sacar dinero con el trabajo
del cual se sostenía. En los últimos dos años le dedicó al caso el 100 por ciento de
su tiempo y para pagar los costos tuvo que pedir un préstamo.
La Fundación Myrna Mack, fundada en 1993, lucha por borrar la impunidad en el
caso de Myrna y también representa el caso de muchos otros guatemaltecos. A
partir del caso de su hermana, vieron las deficiencias que afectan los casos de
violaciones de derechos humanos y que ahora se están aplicando en todos los
crímenes o delitos cometidos por el crimen organizado. La utilización abusiva del
amparo u otros recursos, la denegación de información alegando secreto de Estado
y las amenazas e intimidaciones a los testigos y otros involucrados en los casos
forman parte de ese patrón que ampara la impunidad y impide que el sistema de
justicia pueda fortalecerse.
La Fundación Myrna Mack tiene como principal objetivo el fortalecimiento del
sistema de justicia y de la seguridad, para lo cual han solicitado las reformas
pertinentes del sistema de inteligencia. Ellos realizan propuestas para animar a
jueces y fiscales a creer en su independencia judicial y en la autonomía que deben
tener para poder ejercer la persecución penal, y para rescatar la dignidad y
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