36 Siempre vivió con su hermana, Myrna Mack Chang, salvo cuando ésta estuvo casada. Su hermana era antropóloga y en la época de los hechos realizaba una investigación sobre refugiados auspiciada por la Universidad de Georgetown. A su vez, su hermana asesoró a Monseñor Julio Cabrera Ovalle, cuando éste tenía a su cargo la Diócesis de Quiché, sobre la situación de los refugiados y desplazados internos en Guatemala, ya que éste era un tema desconocido para muchos y manejado casi exclusivamente por militares. En uno de los estudios de su hermana concluyó que el retorno de los refugiados debía lograrse mediante su integración al país, sin que siguiera el tratamiento de guerra que se les daba. Solicitó la intervención de la Iglesia, de organizaciones no gubernamentales y de la Cruz Roja Internacional, todo ello para humanizar el conflicto. Esta posición de su hermana contravenía los planes contrainsurgentes del Ejército, lo que la convirtió en un objetivo militar. El 11 de septiembre de 1990, alrededor de las siete menos cuarto de la noche, su hermana fue atacada, por lo menos dos hombres y recibió 27 apuñaladas. Después de los hechos, la testigo comenzó a hacer averiguaciones con los vecinos y otros posibles testigos, pero todos tenían miedo de hablar. Luego, comenzó a recibir las primeras amenazas y seguimientos, sobre todo porque coincidió con la visita del Relator de Naciones Unidas para Guatemala, Christian Tomuschat, y los autores del crimen intentaron impedir que se denunciaran los hechos. Además, quisieron manchar el honor de su familia especulando que el crimen de su hermana había sido pasional; que estaba involucrada en el “mercado negro” de divisas, que consumía drogas o que era guerrillera. Se involucró en el proceso penal luego de transcurrido un mes de lo hechos, al observar que la investigación no avanzaba y el juicio no se movía del Juzgado de Paz. Le tocó llevar a cabo la investigación prácticamente sola, ya que el Ministerio Público la apoyaba con algún escrito únicamente cuando consideraba que no era peligroso. De lo contrario, buscaba algún artículo en la ley que le permitiera poder hacerlo individualmente o conseguía la firma de un abogado, en el entendido de que en esa época no tenía fondos para pagarlo, que nadie quería tomar el caso por los evidentes riesgos que implicaba y que llevar un caso de alguien a quien habían asesinado, lo vinculaba de alguna forma con la subversión. Por esa razón, ella tuvo que estudiar las leyes e iniciar diversas gestiones por su cuenta. En su inicio, la investigación policial del asesinato de su hermana estuvo a cargo de un primer equipo conformado por los policías José Mérida Escobar y Julio Pérez Ixcajop quienes realizaron un informe policial con fecha de 29 de septiembre de 1990, en el cual identificaron como principal sospechoso del asesinato a Noel de Jesús Beteta Álvarez, ex sargento mayor integrado al llamado “Archivo” del Estado Mayor Presidencial. En dicho informe se concluyó que el crimen tenía un móvil político. Sin embargo, ese informe no fue presentado a los tribunales de Guatemala. En su lugar, se presentó un informe mutilado de fecha 4 de noviembre de 1990, en el que se establecía que el motivo del asesinato era el robo y que a la fecha no había ningún sospechoso. El “Archivo” era una unidad militar compuesta en su mayoría por los conocidos escuadrones de la muerte. Tenía sus orígenes en tratados internacionales que Guatemala firmó con los Estados Unidos para la aplicación de la doctrina de seguridad nacional y en sus inicios era conocido con el nombre de la “Regional.” Cuando se eligió el primer gobierno civil, sólo le cambiaron el nombre por “Departamento de Seguridad Presidencial,” parte del “Estado Mayor Presidencial,” pero sus actividades vinculadas a violaciones graves de derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas continuaron.