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Esta doctrina fue aplicada en Guatemala, especialmente durante el conflicto armado
interno. Cuando Guatemala suscribió el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), adoptó manuales especiales de formación militar; (de
inteligencia; de interrogatorio; y de manejo de fuentes), en el marco de la doctrina
de seguridad nacional, la cual definía los contenidos de los planes de campaña que
regían la actividad del Ejército y los objetivos de inteligencia para todas las
unidades, incluida el Estado Mayor Presidencial. Esta doctrina, contraria al derecho
internacional humanitario, definió la estructura de lucha de las fuerzas armadas y
marcó la selección de los objetivos de inteligencia, definiendo los métodos de
trabajo, la estructura y despliegue de las distintas organizaciones que integraban el
sistema de inteligencia.
Se calificaba como “enemigo interno” a toda persona u organización cuya actividad
pudiese ser considerada como contraria al Estado y al orden establecido. En este
caso, una investigación de campo de carácter académico que pudiera involucrar
áreas o espacios que interesaban como objetivos militares o de inteligencia dentro
del proceso contrainsurgente cae dentro de esta definición de “enemigo interno”.
Los sistemas de inteligencia en Guatemala durante los años 1980 y el principio de
los 1990 tenían una estructuración de responsabilidad jerárquica, hasta llegar a las
unidades operativas de las distintas secciones o niveles de inteligencia, en cada una
de las dependencias militares. Además de las funciones legales de inteligencia,
realizaban operaciones y actividades de inteligencia absolutamente ilegales y de
carácter clandestino. Un canal de inteligencia es un mecanismo mediante el cual
una estructura de inteligencia establece las líneas de comunicación con las distintas
unidades que lo integran independientemente de la estructura normal jerárquica en
un ejército. Es decir, hay una estructura jerárquica establecida desde la orden de
la comandancia general, pasando por el alto mando, hasta jefaturas del Estado
Mayor Presidencial y luego las zonas militares. Este es el canal normal militar.
La ley constitutiva del Ejército de Guatemala establece varios estados mayores,
entre los que está el Estado Mayor Presidencial. En tanto el Estado Mayor
Presidencial, que sigue existiendo sin cambio de funciones ni estructuras en la
actualidad, tiene por misión legal garantizar la seguridad del Presidente de la
República, del Vicepresidente y de los familiares de ambos. El Estado Mayor
Presidencial ha contado siempre, aunque con distintas denominaciones, con una
unidad de inteligencia que cometió innumerables acciones de carácter ilegal
particularmente violatorias de derechos humanos en Guatemala.
El “Archivo” es uno de los nombres con los que ha sido conocida dicha unidad de
inteligencia y probablemente es el nombre con el que más se le conoce, aunque
también fue denominada Oficina Regional de Telecomunicaciones y Departamento
de Seguridad Presidencial. El Archivo realizaba operaciones de inteligencia a partir
del trabajo de campo de las unidades de inteligencia en zonas geográficas en el
interior del país o en la ciudad; además, recopilaba información sobre la actividad
de una persona o una institución que había sido definido como “enemigo interno”.
Una vez seleccionada una persona o una institución, se la marcaba como objetivo
de unidades de inteligencia.
La estructura jerárquica del Estado Mayor Presidencial en cuanto a oficiales que la
integran y oficiales a cargo de las distintas secciones se basa en un responsable y
un segundo responsable. Cuenta con secciones de análisis, de carácter técnico, de
carácter operativo y de carácter administrativo. Por lo tanto, ningún agente de
inteligencia, cualquiera fuera su rango, puede planear, preparar y ejecutar una
operación especial de inteligencia en forma autónoma, ya que cualquier operación
tendría que contar con un plan específico y una orden asignada por escrito o de
manera verbal. El asesinato de Myrna Mack Chang responde a este patrón
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