2
1.
El 15 de marzo de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la
Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió a la Corte una demanda en contra de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”), la cual se originó en la denuncia
presentada el 15 de noviembre de 2001 por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos y por la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y Víctimas
de Violaciones a los Derechos Humanos en México (en adelante “los representantes”). El 12 de
octubre de 2005 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 65/052, mediante el cual
declaró admisible la petición. Posteriormente, el 27 de julio de 2007 la Comisión adoptó el
Informe de Fondo No. 60/073, en los términos del artículo 50 de la Convención, en el cual
formuló determinadas recomendaciones para el Estado. Este informe fue notificado al Estado el
15 de agosto de 2007. El 13 de marzo de 2008, tras haber recibido la información aportada por
las partes con posterioridad a la adopción del Informe de Fondo, y al considerar que “el Estado
no había cumplido plenamente con sus recomendaciones”, la Comisión decidió someter el
presente caso a la jurisdicción de la Corte. La Comisión designó como delegados a los señores
Florentín Meléndez, Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesores
legales a las abogadas Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, María Claudia
Pulido, Marisol Blanchard y Manuela Cuvi Rodríguez, especialistas de la Secretaria Ejecutiva de
la Comisión.
2.
Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor
Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de
efectivos del Ejército en el Estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las
alegadas violaciones derivadas de este hecho “se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado
mexicano no ha establecido el paradero de la [presunta] víctima ni se han encontrado sus
restos”. De acuerdo a lo alegado por la Comisión, “[a] más de 33 años de los hechos, existe
total impunidad ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables, ni ha
asegurado a los familiares una adecuada reparación”.
3.
Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional
del Estado por la alegada violación de los derechos consagrados en los artículos 3 (Derecho al
Reconocimiento de la Personalidad Jurídica), 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la Integridad
Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial)
de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de
Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, solicitó a la Corte declarar la responsabilidad internacional
del Estado por la alegada violación de los artículos 5 (Derecho a la Integridad Personal), 8
(Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana, en perjuicio de los
siguientes familiares del señor Radilla Pacheco: Victoria Martínez Nerí (fallecida), Tita, Andrea,
Rosendo, Romana, Evelina, Rosa, Agustina, Ana María, Carmen, Pilar, Victoria y Judith, todos de
apellido Radilla Martínez. De otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del
Estado del artículo 2 de la Convención Americana (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho
2

En el Informe de Admisibilidad No. 65/05, la Comisión decidió declarar admisible la petición No. 777/01 en
relación con la presunta violación de los artículos 4, 5, 7, 8 y 25, en concordancia con el artículo 1.1, de la Convención
Americana, así como los artículos I, III, IX, XI y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas (expediente de anexos a la demanda, apéndice 2, folio 56).

3

En el Informe de Fondo No. 60/07, la Comisión concluyó que el Estado era “[r]esponsable por la violación a los
artículos I y XVIII de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, y por la violación d[e los]
derecho[s] a la vida, a la libertad personal, […] a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección
judicial, consagrados en los artículos 2, 3, 4, 7, 5, 8 y 25 de la Convención Americana, todos en conexión con el artículo
1.1 del mismo instrumento”. Asimismo, la Comisión consideró que no era necesario pronunciarse “[s]obre las violaciones
alegadas a los artículos I, II, III, IX, XI y XIX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”
(expediente de anexos a la demanda, apéndice 1, folio 44).

Select target paragraph3