4 y que no debía denunciar el hecho a la policía. La señora Quilá dejo el dinero en las rejas frente a la Catedral y como su hija no aparecía, a media noche del día 21 denunció el hecho a la policía. La policía llegó a las instalaciones de CONAVIGUA el día 22 y su llegada coincidió con la llegada a la oficina de la señorita Viviana, quien ya había despertado en el Parque Colón. Según se informó a la policía, la persona que llamó a Lucía para pedir su rescate le indicó que la conocía, que sabía que trabajaba con CONAVIGUA y que seguía todos su movimientos. Finalmente, la Comisión solicitó a la Corte que Guatemala “informe sobre las medidas específicas que ha tomado para investigar las recientes amenazas informadas por los peticionarios” y que “tome en forma inmediata medidas reales y efectivas que garanticen la vida e integridad de las personas beneficiadas con tales medidas”. 13. La nota de la Secretaría de la Corte de 25 de enero de 2000, mediante la cual se recordó al Estado que su décimo sexto informe debió haber sido remitido el día anterior. CONSIDERANDO: 1. Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en casos de “extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas”, la Corte, en los asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá, a solicitud de la Comisión, tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. 2. Que en los términos del artículo 25.1 y 25.2 del Reglamento de la Corte: 1. En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas, la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención. 2. Si se tratare de asuntos aún no sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión. 3. Que el artículo 1.1 de la Convención señala el deber que tienen los Estados Partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ese tratado y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción. 4. Que de acuerdo con las resoluciones de la Corte de 22 de junio y 1º de diciembre de 1994 y de 19 de septiembre de 1997, el Estado está obligado a adoptar las medidas que sean necesarias, sin dilación, para preservar la vida e integridad de aquellas personas en cuyo favor la Corte ha ordenado medidas provisionales. 5. Que existen contradicciones en la información brindada por el Estado, en particular en referencia con la situación del señor Miguel Godínez Domingo (supra visto 8). 6. Que a la fecha el Estado no ha informado a la Corte sobre la adopción de providencias eficientes para la recaptura de los ex-patrulleros y la investigación de los hechos para determinar las responsabilidades correspondientes, tendientes a