32 disciplinaria en contra de las víctimas- fueron utilizados como mecanismos para cumplir con finalidades no declaradas.” En este sentido, la Comisión indicó que “se utilizó el procedimiento disciplinario para destituir a jueces que conformaban la mayoría de la Corte Primera […] que habían tomado decisiones contrarias al gobierno”. Alegó entonces que un “conjunto de indicios permite inferir que existió una relación de causalidad entre las declaraciones del Presidente de la República y altos funcionarios del Estado por los fallos contrarios a intereses del gobierno y la investigación disciplinaria que fue impulsada y que devino en la destitución de las víctimas”. 110. El representante sostuvo que “[c]omo el Gobierno no podía controlar el contenido de las decisiones de la Corte Primera, decidió buscar la forma de destituirlos. La remoción de las víctimas […] fue utilizada como una herramienta política para interferir ilegítimamente en el ejercicio independiente de la función de los jueces de la Corte Primera”, pues la CFRSJ se limitó a “ejecutar una orden impartida, expresa o tácitamente, por el Presidente de la República”. 111. El Estado señaló que la prueba aportada por los demandantes es insuficiente “a los efectos de comprobar de manera plena el acaecimiento de un abuso de poder ejercido sobre [el P]oder [J]udicial, para que destituyera a las presuntas víctimas”. 112. Son once las sentencias de la Corte Primera que, según la Comisión y el representante, constituirían la verdadera razón por la que fueron destituidos sus integrantes. Diez de estas sentencias fueron emitidas entre agosto de 2002 y agosto de 2003. En ellas la Corte Primera, admitió un amparo en contra de una base aérea militar que impedía el despegue de un helicóptero en el marco de amplias marchas y concentraciones en la ciudad de Caracas120; suspendió el sometimiento de generales del Ejército a consejos de investigación121; declaró inconstitucional el desalojo de una vivienda de un General ordenado por un Comandante General del Ejército122; admitió a tramitación un amparo por el que se buscaba la desmilitarización de un Estado en el que se desplegaban efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional123; obligó a que se autorizara la entrada del Alcalde de Caracas a las dependencias de la Policía Metropolitana, cuyo control había sido tomado por efectivos militares124; ordenó suspender las requisiciones de productos de propiedad de empresas privadas llevadas a cabo por la Guardia Nacional y otros organismos administrativos125; dispuso que se transfirieran los recursos del situado constitucional que se adeudaban al Estado Carabobo126; y declaró sin efecto los actos administrativos que establecían 120 Cfr. sentencia No. 2326 de la Corte Primera de 20 de agosto de 2002 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.a, folios 771 a 799). 121 Cfr. sentencia No. 3034 de la Corte Primera de 31 de octubre de 2002 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.b, folios 801 a 813), y sentencia No. 3043 de la Corte Primera de 6 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.c, folios 815 a 829). 122 Cfr. sentencia No. 3116 de la Corte Primera de 11 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.d, folios 831 a 852). 123 Cfr. sentencia No. 3278 de la Corte Primera de 25 de noviembre de 2002 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.e, folios 854 a 861). 124 Cfr. sentencia No. 01 de la Corte Primera 7 de enero de 2003 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.f, folios 863 a 877). 125 Cfr. sentencia No. 75 de la Corte Primera de 22 de enero de 2003 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.g, folios 880 a 905), y sentencia No. 155 de la Corte Primera de 24 de enero de 2003 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.h, folios 908 a 923). 126 Cfr. sentencia No. 552 de la Corte Primera de 26 de febrero de 2003 (expediente de prueba, Tomo III, Anexo B.1.i, folios 926 a 938).