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con las víctimas y establecer si quedan posibles huellas útiles para investigación”. En la
audiencia pública y en el informe presentado en el transcurso de la misma, agregó que en el
lugar donde ocurrieron los hechos, ese tipo de acción delictiva “es muy común” y que contaba
con la declaración de un agente de seguridad del lugar que había identificado las placas de
varios vehículos que llegaban a hacer ese mismo tipo de robo. Además, con respecto a un
vehículo que aparecía en el video de seguridad, “[se] solicit[ó] a las cámaras de seguridad de
tránsito la salida de [éste] para ver si lo pod[ían] buscar en las calles”. Por último, mencionó
que “dos días después […] un vehículo con las mismas características, rob[ó] en otra gasolinera
[… cercana las] computadoras de un Diputado de la República”. Posteriormente, en su informe
de 22 de septiembre de 2010 el Estado agregó que se había obtenido información sobre las
personas y vehículos que el día de los hechos entraron a la Colonia Villa Sol, lugar de residencia
de “los agraviados”, lo cual estaba siendo procesado. También señaló que se habían encontrado
huellas dactilares en el anónimo enviado ese día y que aún estaba a la espera del análisis de las
huellas que habían encontrado en el vidrio roto del vehículo. Adicionalmente, en su informe de 9
de noviembre de 2010 agregó que se habían obtenido varias declaraciones de personas que
laboraban en el lugar donde ocurrió el hecho, por medio de las cuales se pudo establecer que
“el hecho denunciado coincid[ía] con el patrón de otros hechos de delincuencia común”.
32.
Con respecto a la información presentada por el Estado sobre los hechos ocurridos en
abril de 2010, los representantes realizaron una serie de observaciones, en particular en
relación a la alegada ausencia de resultados en la investigación18. Asimismo, en sus
observaciones de 25 de octubre de 2010 reiteraron su preocupación respecto de la falta de
resultados de la investigación no obstante el material con el que dice contar el Estado y que “no
se [ha] indica[do] si exist[ía] una estrategia para concatenar todos esos elementos y el avance
que se haya generado en virtud de [ellos]”. En el escrito de 13 de diciembre de 2010 los
representantes observaron que la conclusión del Ministerio Público con respecto a que “el hecho
en cuestión „[había] coincid[ido] con el patrón de otros hechos delictivos de delincuencia
común‟, […] pretend[ió] encajar dentro de un patrón [lo sucedido,] cuando no se […] realiz[ó]
ningún peritaje y sobre todo […] se aisl[ó] de las amenazas recibidas como consecuencia del
robo en cuestión”. Con base en lo anterior, solicitaron que se “orden[ara] al Estado de
Guatemala la realización de investigaciones integrales y sin aislar hechos que deben
investigarse paralelamente y de manera complementaria”.
33.
Por otra parte, en sus observaciones de febrero de 2011 los representantes agregaron
que el 24 de septiembre de 2010, cuando realizaban una exhumación en la aldea de Xenaxicul
del municipio de Aguacatán, departamento de Huehuetenango, la cual había sido previamente
coordinada con los líderes comunitarios, “el Alcalde del lugar incitó a la población a impedir que
[el] trabajo [de los beneficiarios] continuara”. En la denuncia presentada ante las autoridades
por este hecho, los beneficiarios relataron que dicho funcionario “les dijo que si no les pagaban
o si no se iban que los iba a agarrar a hachazos[, y que] también amenazó a los familiares de
las víctimas [a quienes se les iba a realizar la exhumación]”, por lo cual los integrantes de la
FAFG que fueron a realizar la exhumación, “decidi[eron] abandonar las labores periciales hasta
que el Ministerio Público dedujera responsabilidades para con el señor Alcalde” 19. Al respecto,
18
En particular, los representantes observaron que, siendo que se suponía que el Estado tenía un video del
hecho, “cómo e[ra] posible que […] 4 meses y medio después, [estuviera pidiendo] apoyo a universidades privadas a
efecto [de] ver si e[ra] posible determinar la matrícula del automóvil”. Asimismo, señalaron que a pesar de que
Guatemala supuestamente tenía identificados vehículos que siguen el mismo patrón de robo en las gasolineras del
sector, no se había tomado ninguna acción al respecto y, de la misma forma, se continuaba hablando de cotejar una
huella dactilar, siendo que esto representa “un elemento importante en una investigación”. Por último, hicieron notar
que la solicitud a las “cámaras de tránsito” aún no había tenido respuesta, lo que evidenciaba “una falta total de
seriedad al trabajo tan importante que desempeñan en el sistema de justicia guatemalteco”.
19
Junto con sus observaciones de febrero de 2011, los representantes aportaron, inter alia, una copia de la
denuncia presentada ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por este hecho, en la cual tres integrantes de la