2.
La Corte tiene amplias facultades en cuanto a la admisión y a la modalidad de
recepción de la prueba, de conformidad con los artículos 50, 57 y 58 del Reglamento.
3.
En su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas los intervinientes comunes SIPDH
ofrecieron, entre otros, la declaración testimonial del señor Francisco Castillo González, para
que declare sobre “los efectos del peculado en el caso del Banco Anglo debido a la cercanía
que tuvo en la defensa de ese caso. Explicará las vicisitudes objetivas de la aplicación de
esa figura en la práctica forense”. En su lista definitiva de declarantes confirmaron dicho
ofrecimiento. En la Resolución de 12 de julio de 2017 (supra Visto 1), el Presidente no
estimó pertinente recibir la declaración de Francisco Castillo González, debido a que “[d]el
análisis del objeto de dicho testimonio se desprende que el testigo se referiría al contenido
del delito de peculado y su aplicación en la práctica forense costarricense, lo cual no se
vincularía, prima facie, al objeto de la presente litis”.
4.
Mediante escrito de 18 de julio de 2017 los intervinientes comunes SIPDH
solicitaron, de conformidad con el artículo 31.2 del Reglamento de la Corte 1, una
“aclaración, o en su defecto […] recurrir parcialmente” ante el Pleno la Resolución del
Presidente “en lo atinente a los motivos de la denegatoria del testigo” Francisco Castillo
González. Señalaron que la petición ante la Comisión no solo se presentó por las alegadas
violaciones al artículo 8.2.h de la Convención Americana, sino además por un alegado
problema de tipicidad y legalidad del delito de peculado en Costa Rica. Reconocieron que
“es cierto que la Comisión Interamericana no consideró en su informe del artículo 50 estos
hechos y derechos como parte del envío del caso a la Corte”, sin embargo, consideraron
que dichos hechos alegados en el proceso ante la Comisión no deben quedar por fuera de la
litis ante la Corte. Así, solicitaron que los motivos de la denegación del testigo no limiten “a
esta representación probar y argumentar sobre eventuales violaciones a hechos y derechos
humanos denunciados ampliamente en el proceso ante la Comisión Interamericana y ante la
Corte Interamericana, más allá del cuadro fáctico invocado por la Comisión Interamericana
en su Informe del Artículo 50”.
5.
Mediante escrito de 28 de julio de 2017, la Comisión señaló que no tenía
observaciones al respecto. En esa misma fecha, el Estado reiteró que los planteamientos
“asociados al tipo penal del peculado no son parte del objeto de la litis en el proceso ante la
Corte, al no haber sido incluido[s] por la [Comisión] en el elenco de hechos”, tanto en su
Informe de Admisibilidad como en su Informe de Fondo. En consecuencia, el Estado solicitó
rechazar la reconsideración interpuesta por SIPDH y mantener en todos sus extremos la
Resolución del 12 de julio de 2017.
6.
De conformidad con el artículo 40.2.a del Reglamento, el escrito de solicitudes,
argumentos y prueba de los representantes deberá contener la “descripción de los hechos
dentro del marco fáctico fijado en la presentación del caso por la Comisión”.
7.
Asimismo, este Tribunal ha sostenido reiteradamente que el marco fáctico del
proceso ante la Corte se encuentra constituido por los hechos contenidos en el Informe de
Fondo sometidos a su consideración. En consecuencia, no es admisible que las partes
aleguen nuevos hechos distintos de los contenidos en dicho informe, sin perjuicio de
exponer aquellos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que hayan sido
mencionados en el mismo y hayan sido sometidos a consideración de la Corte. La excepción
1

En lo pertinente, el Artículo 31 del Reglamento dispone: “Resoluciones.
resoluciones que pongan término al proceso son de la competencia exclusiva de
resoluciones serán dictadas por la Corte, si estuviere reunida; si no lo estuviere,
disposición en contrario. Toda decisión de la Presidencia, que no sea de mero trámite, es

2

1. Las sentencias y las
la Corte. 2. Las demás
por la Presidencia, salvo
recurrible ante la Corte”.

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