habitantes de la comunidad. Estas medidas serían las siguientes: 1) entrega de dos teléfonos satelitales junto con la fuente de energía en el término de un mes, 2) revisión y mantenimiento de un puente que comunica a la comunidad Choréachi con el municipio de Guachochi, 3) arreglo de las condiciones de un camino de acceso a la comunidad, 4) reunión entre beneficiarios y sus representantes con la Secretaria de la Defensa Nacional, 5) acompañamiento de las autoridades a las personas beneficiarias cuando éstas tengan que salir de la comunidad, 6) acompañamiento hasta la comunidad de las personas beneficiaras que acudieron a la reunión, 7) se proporcionó un número telefónico del Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Publico de la Fiscalía Zona Sur para contacto directo en casos de emergencia, 8) Notificación a las autoridades de los tres órdenes de gobierno sobre la resolución de la CIDH, a más tardar el 12 de diciembre de 2014, 9) reforzar esfuerzos para la ejecución de las ordenes de captura y tomar la declaración de la beneficiaria Ángela Ayala Ramos el 13 de diciembre de 2014, y 10) la próxima reunión se llevaría a cabo a más tardar la última semana del mes de febrero de 2015. Adicionalmente, los representantes reiteran que persistirían los actos de hostigamientos y presuntas amenazas por parte de personas de la comunidad “Colorada de los Chávez” en contra de los beneficiarios de las presentes medidas cautelares. En particular, los solicitantes indicaron que el 16 de diciembre del 2014 se habría presentado un nuevo enfrentamiento entre integrantes de la Comunidad barbechitos (no se especifica si esta comunidad seria parte de la comunidad indígena Choréachi) y miembros de la comunidad mestiza Colorada de los Chávez, lo cual habría resultado en la muerte de 4 personas. También se informa que el 14 de diciembre de 2014, un aproximado de 40 personas armadas ingresaron supuestamente a la comunidad y preguntaron por el paradero de Prudencio Ayala. 6. En el marco del 156º Periodo de Sesiones de la CIDH, el 21 de octubre de 2015 se celebró una reunión de trabajo privada entre los solicitantes, el Estado y el Relator de País. En dicha reunión, los solicitantes reiteraron su posición sobre su supuesta situación de riesgo actual y la presunta ausencia de medidas más específicas en la zona para atender integralmente la situación de los beneficiarios y de la comunidad en general. El Estado reiteró que se encontraba en toda la disposición para proteger a los beneficiarios y generar reuniones continuas para atender la situación. De igual manera, exhortaron a los solicitantes a presentar las denuncias ante las autoridades competentes. 7. El 4 de enero de 2016, los solicitantes aportaron información adicional, indicando que: A) El 30 de octubre de 2015, la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (en adelante FEAVOD) convocó a los representantes y a la beneficiaria a una reunión para revisar las condiciones en las que se encontraba viviendo en la ciudad de Chihuahua. En esta reunión, la beneficiaria Ángela Ayala Ramos manifestó que el estipendio mensual resultaría insuficiente para ella y sus cinco dependientes y también solicitó la reubicación de su vivienda por encontrarse lejos de sus redes de apoyo. En la reunión, la FEAVOD se comprometió a realizar una búsqueda de una nueva vivienda; se gestionaría un servicio médico para la familia; se definirían los mecanismos para proporcionar insumos alimenticios y se habría establecido como contacto de emergencia y reacción inmediata al Coordinador Regional de a FEAVOD Zona Centro; entre otras situaciones. B) Dan cuenta del supuesto contexto en el que se encuentra la comunidad indígena de Choréachi en la Sierra Tarahumara, territorio que se encontraría en constante disputa por los cárteles dedicados al tráfico de estupefacientes, los cuales controlarían la región y sembrarían materia prima para la producción de drogas ilegales. Al respecto, los solicitantes manifiestan el aumento de la violencia en los