respecto, se informa que existirían procesos judiciales en marcha para que las autoridades decreten la “nulidad de los permisos que otorgó el Estado para que los mestizos aprovechen y talen el bosque ubicado en territorios ancestrales”. Con el propósito de que la comunidad Choréachi desista de la defensa forestal, algunos miembros de la comunidad “Coloradas de los Chávez” estarían acudiendo a la utilización de “métodos violentos” con los que buscarían “hostigar, amenazar y agredir a los rarámuris”. En este supuesto contexto, se informó de una serie de amenazas y actos de hostigamientos supuestamente ocurridos el 17 de septiembre de 2014 en contra de Prudencio Ramos Ramos, Gobernador Tradicional, y Angela Ayala Ramos, quien sería la viuda del señor Jaime Zubía, asesinado supuestamente el 5 de septiembre de 2013. En consecuencia, de acuerdo con el Artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicita a México que: a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Prudencio Ramos Ramos, Angela Ayala y sus respectivos núcleos familiares; b) Adopten las medidas necesarias para que Prudencio Ramos Ramos pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones; c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; e d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. 4. En respuesta al otorgamiento, el Estado informó que previo al otorgamiento de las medidas cautelares se habrían llevado a cabo “diferentes reuniones de trabajo con autoridades locales para la atención de la situación de la comunidad indígena de Choréachi”. Sobre el particular, se informa que el 19 de junio de 2014 se realizó una reunión entre la Fiscalía del estado de Chihuahua con los integrantes de la comunidad indígena Choréachi y sus representantes para atender su problemática. En el marco de dicha reunión, presuntamente se indicó a los representantes de los beneficiarios que sería importante que incorporen lo informado durante la reunión a los expedientes de las investigaciones por los hechos de violencia que denunciaron previamente, y así contribuir a la ejecución de las ordenes de captura que se encontrarían vigente en relación con el homicidio del señor Jaime Zubia Ceballos, homicidio que según el Estado presuntamente ocurrió como resultado de una disputa familiar. El Estado informó que próximamente se reuniría con los beneficiarios y sus representantes para establecer qué medidas podrían implementarse a su favor. El Estado adujo que los beneficiarios no denunciaron ante las autoridades los alegados hechos de hostigamiento e intimidación ocurridos el 17 de septiembre de 2014. En relación con la comunidad indígena Choréachi, se informó que el estado de Chihuahua contemplaría entre los objetivos de su “Plan Estatal” para lograr el desarrollo integral de las comunidades indígenas, entre otras, medidas para crecimiento económico a favor de las comunidades indígenas; mayor acceso a educación; mayor participación en la toma de decisiones que afecten a las comunidades, teniendo en cuenta su cosmovisión. Asimismo, el Estado sostiene que el 11 de junio de 2015 se llevó a cabo una reunión de trabajo “entre diversas autoridades, los beneficiarios y sus representantes”, en el marco de la cual se habrían alcanzado importantes acuerdos, como los siguientes: 1) en materia de investigación, se indicó que ya existiría un numero de investigación previa asignado para investigar los alegados hechos de amenazas y hostigamientos del 17 de septiembre del 2014 contra los beneficiarios, y se acordó tomar declaraciones a los beneficiarios; 2) se acordó la entrega de dos teléfonos satelitales a los beneficiarios; y 3) ofrecer una casa de refugio temporal y el servicio de despensa para subsistencia, en caso de que así sea solicitado; 4) se estarían adelantando las gestiones para que las autoridades municipales atiendan la situación del camino que permite el acceso a la comunidad Choréachi; entre otras medidas. 5. Por su parte, los solicitantes manifestaron que se han alcanzado acuerdos sobre 10 puntos en relación con medidas que el Estado adoptaría para mejorar las condiciones de vida y de seguridad de los