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las parejas de un mismo sexo que cohabitan a ciertos efectos limitados, pero no les de la
posibilidad de registro”. Con referencia a las consecuencias materiales, parentales y de otra
índole, el TEDH dice que “las consecuencias jurídicas de las uniones registradas varían
desde las que son casi equivalentes al matrimonio hasta las que dan derechos relativamente
limitados”. El TEDH pasa entonces a considerar los principios generales y su aplicación al
caso concreto, y finalmente examina la aplicabilidad del artículo 14 considerado
conjuntamente con el artículo 8 y la alegación de que había sido violado.
10. Principios generales. El TEDH recuerda que, según su jurisprudencia establecida, “el
artículo 12 asegura el derecho fundamental de un hombre y una mujer a casarse y fundar
una familia”, un derecho cuyo ejercicio da lugar a “consecuencias personales, sociales y
jurídicas”. Si bien está sujeto a las leyes nacionales de los Estados Contratantes, “las
limitaciones que por esa vía se introduzcan no deben restringir ni reducir el derecho de un
modo o en una medida tales que se afecte la esencia misma del derecho” (párr. 49). Por
otro lado, el TEDH “aún no había tenido la oportunidad de examinar si dos personas que son
del mismo sexo pueden invocar un derecho a casarse”, pero “podían derivarse ciertos
principios” de su jurisprudencia relativa a transexuales, en la que inicialmente consideró que
“el apego al concepto tradicional de matrimonio que subyace al artículo 12 constituía una
razón suficiente para que el Estado demandado siguiera adoptando criterios biológicos para
determinar el sexo de una persona a los efectos del matrimonio” (párrs. 50-51). Esa
jurisprudencia cambió a partir del caso Christine Goodwin312, en el que, teniendo en cuenta
los “importantes cambios sociales en la institución del matrimonio” ocurridos después de la
adopción del Convenio, citando el artículo 9 de la Carta Europea y tomando nota de que
había “una aceptación generalizada del matrimonio de transexuales en su género asignado”,
consideró que “los términos del artículo 12 no tenían que seguir entendiéndose en el sentido
de determinar el género por criterios puramente biológicos”. En consecuencia, “la
imposibilidad de que una transexual postoperatoria se casara en su género asignado violaba
el artículo 12” (párr. 52). En otros dos casos relativos a matrimonios integrados por una
mujer y una transexual que había pasado del sexo masculino al sexo femenino 313, el TEDH
había determinado (párr. 53) que la queja relativa a la exigencia legal de que pusieran fin a
su matrimonio para que la transexual pudiera “obtener el pleno reconocimiento jurídico de
su cambio de género” era “manifiestamente infundada”. El TEDH observó que “el derecho
interno sólo permitía el matrimonio entre personas de género opuesto, ya fuese derivado de
la atribución al nacer o de un procedimiento de reconocimiento de género, mientras que no
se permitían los matrimonios de un mismo sexo”, y que “el artículo 12 consagraba el
concepto tradicional de que el matrimonio era entre un hombre y una mujer”. Si bien
“reconoció que varios Estados Contratantes habían extendido el ámbito del matrimonio para
comprender a parejas de un mismo sexo”, señaló que “ello reflejaba la visión propia [de
dichos Estados] acerca del papel del matrimonio en sus sociedades” pero “no derivaba de
una interpretación del derecho fundamental consagrado en el Convenio en 1950”. Por lo
tanto, “estaba dentro del margen de apreciación del Estado la forma de regular los efectos
del cambio de género en los matrimonios preexistentes”. Por otro lado, si los demandantes
optaban por divorciarse, tenían la posibilidad de entrar en una unión civil, cosa que
“contribuía a la proporcionalidad del régimen de reconocimiento de género que
impugnaban”.
11. Aplicación al caso concreto. El TEDH dijo que el derecho a casarse es otorgado por el
artículo 12 a “el hombre y la mujer” (“men and women”, “l´homme et la femme”) y que, si
312
313
Christine Goodwin vs. Reino Unido (no. 28957/95), sentencia de la Gran Sala de 11 de julio de 2002.
Parry vs. el Reino Unido (dec.), no. 42971/05, ECHR 2006-XV, y R. y F. vs. el Reino Unido (dec.), no.
35748/05, 28 de noviembre de 2006.