-4iv. Después de que “en septiembre de 2019 no se renovó el Acuerdo con las Naciones Unidas, y la CICIG quedó desmantelada”, se provocó un estado de “aprensión por la probabilidad de que se tomasen medidas de venganza en contra de jueces, fiscales y otros funcionarios que habían estado denunciando la corrupción junto con la CICIG”. v. El 11 de febrero de 2020, “la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a 15 años de prisión al excandidato presidencial y fundador del partido guatemalteco Unidad del Cambio Nacional (UCN)”. En dicha sentencia, “se develó que el 12 de abril de 2019 la Agencia contra las Drogas de los Estados Unidos (DEA), […] había grabado al [condenado] afirmando que se debía impulsar un plan para asesinar a [Fiscal “A”], y a otros fiscales de alto perfil, debido a los procesos judiciales que éstos habían iniciado a políticos de alto nivel y empresarios por casos de alto impacto, tales como corrupción, crimen organizado o narcotráfico”. vi. El Estado no tomó “acción alguna respecto de estos graves hechos, ni ha emprendido diligencias serias para [investigarlos]”. Ello llevó a que algunos fiscales renunciaron a sus puestos y salieron al exilio “para proteger su vida”, mientras que el Fiscal “A” “decidi[ó] continuar en el país”. vii. En febrero de 2020 el Fiscal “A” “denunció ante el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala que personas muy cercanas a él le habían informado que habían escuchado en una reunión que, desde diciembre de 2019 habrían entrado al país sicarios con órdenes directas de darle muerte”. Al respecto, los representantes remitieron prueba de la denuncia presentada 4. 7. En lo que se refiere a los “[h]echos de riesgo que justifican la adopción de medidas provisionales”, los representantes señalaron que la investigación para esclarecer la ejecución extrajudicial de la víctima del presente caso está a cargo de los Fiscales “A” y “B”, y el Auxiliar Fiscal “C”. Dicho proceso penal ha continuado su curso ante el “Juzgado de Primera Instancia Penal para delitos de Mayor Riesgo (Grupo A)”. Al respecto, en noviembre de 2018, la Jueza a cargo “decidió no ligar al proceso por la ejecución de la víctima a [un] exministro [de Gobernación]”, en observancia del principio ne bis in ídem, dado que “había sido absuelto en España […] por la ejecución de otras personas privadas de libertad”. El 6 de marzo de 2019 se formalizó acusación en contra de “antiguos altos funcionarios públicos guatemaltecos”, del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil. El 10 de febrero de 2020 “inició la fase intermedia del proceso contra los acusados”, audiencia en la que participaron el Fiscal “B” y el Auxiliar Fiscal “C”. 8. En específico, los representantes se refirieron a diversos hechos ocurridos en el marco del referido proceso penal, los cuales “sustenta[rían] la presente solicitud de medidas provisionales”, los cuales se detallan a continuación: (i) Actos de “[i]ntimidación y amedrentamiento” contra el Fiscal “B” a. El 10 de febrero de 2020, el Fiscal “B” “se dirigía desde su residencia hacia el Juzgado de Mayor Riesgo A, para asistir a la audiencia de fase intermedia dentro del caso por la ejecución extrajudicial de Hugo Humberto Ruiz Fuentes”. Alrededor de las 6:30 de la mañana “el vehículo en el que se transportaba con su conductor y un elemento de seguridad, fue interceptado por dos patrullas de la PNC [Policía Nacional Civil], una de ellas perteneciente a la División de Fuerzas Especiales Policiales (DIFEP) y la otra perteneciente a la Comisaría 11”. Acto seguido, tres agentes de la PNC armados se acercaron al vehículo “con actitud hostil y agresiva, y apuntando directamente con su arma de fuego hacia el interior del vehículo, se dirigieron al piloto solicitándole que se identificaran y que todos los ocupantes descendieran”. Los agentes de la policía “no se identificaron, ni portaban su nombre en el uniforme, como es obligatorio”. Únicamente “descendió el piloto” y uno de los agentes de la policía manifestó “que estaban ahí porque habían recibido instrucciones directamente de un [V]iceministro de [G]obernación para 4 Cfr. Denuncia presentada por el Fiscal “A” ante el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala de 28 de febrero de 2020 (anexos al escrito de los representantes de 24 de marzo de 2020).