A. Dejar sin efecto la sentencia dictada en contra de las víctimas .................................................... 2 B. Publicación y difusión de la sentencia .......................................................................................................... 4 C. Plan de capacitación a funcionarios del Poder Judicial....................................................................... 4 D. Pago de indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial .................................... 5 E. Reintegro de costas y gastos ............................................................................................................................. 6 F. Solicitud de información sobre la garantía de no repetición ordenada en el punto resolutivo décimo...................................................................................................................................................................... 7 A. Dejar sin efecto la sentencia dictada en contra de las víctimas A.1. Medida ordenada por la Corte 2. En el punto resolutivo octavo y en el párrafo 171 de la Sentencia, la Corte dispuso que el Estado debía adoptar, en el plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia, “todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias” para “dejar sin efecto, en todos sus extremos, la sentencia de 20 de julio de 2011, confirmada el 22 de septiembre de 2011, incluyendo, en su caso, los alcances que estas tengan respecto; a saber: a) la atribución de responsabilidad penal y civil de los señores Emilio Palacio Urrutia, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Eduardo Pérez Barriga y César Enrique Pérez; y b) cualquier otro efecto que tengan o hayan tenido aquellas decisiones, incluyendo cualquier registro judicial o administrativo, o la posibilidad de que sea reconocida como un precedente judicial”. A.2. Información y observaciones de las partes 3. En enero de 2023 4, el Estado informó que la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicitó a la Jueza de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2, a cargo de la ejecución del proceso penal en el marco de la cual las víctimas fueron condenadas, que “se tomen las medidas correspondientes para dar cumplimiento” a esta reparación. Ante esto, el 13 de diciembre de 2022, la jueza de ejecución remitió un oficio a la Dirección Provincial de Gestión Procesal ordenándole “eliminar del SATJE [Sistema Informático de Trámite Judicial] el número de la causa, el tipo penal y los sujetos procesales, para que no exista ningún antecedente judicial del proceso” 5. El Estado aportó, asimismo, un oficio de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia de diciembre de 2022, en el cual se indica que, “revisando el sistema […,] se determina que no se puede acceder a visualizar las causas” 6. En mayo de 2023, ante las objeciones de los representantes (infra Considerando 4), el Estado remitió copia de la providencia de fecha 20 de abril de 2023, a través de la cual la jueza de ejecución “deja sin efecto la sentencia condenatoria expedida en contra de los señores Emilio Palacio Urrutia, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos 4 Asimismo, informó que, en diciembre de 2022, se difundió la Sentencia entre “todas las juezas y jueces que conforman la Corte Nacional de Justicia”, “con la finalidad de que se tenga conocimiento de las vulneraciones de derechos que se evidenciaron durante el proceso judicial ecuatoriano, para evitar que se hechos similares ocurran en el ámbito jurisdiccional”. Cfr. Oficio N° 1878-P-CNJ-2022 de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia de 21 de diciembre de 2022. 5 Cfr. Captura de pantalla de la consulta realizada en el SATJE, donde se transcribe el contenido del auto general de la Jueza de Garantías Penales de la Unidad Judicial Penal Norte No. 2, de fecha 13 de diciembre de 2022 (anexa al informe estatal de 16 de mayo de 2023). En dicho auto, la jueza también concedió a las víctimas un plazo de 3 días para que “informen sobre la existencia de registros en materia no penal, con la finalidad de ejecutar de manera integral las medidas necesarias para dejar sin efecto la sentencia en todos sus extremos”. 6 Cfr. Oficio N° 1878-P-CNJ-2022 de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia de 21 de diciembre de 2022. -2-

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