la investigación abierta por la Oficina de Control de la Magistratura26. (…) Finalmente, el CNM concluyó que “respetados los principios del debido proceso, llega a la convicción de que la conducta del magistrado es pasible de sanción disciplinaria por que (sic) en la concesión prematura de la libertad incondicional que otorgó, no se encuentra sustento racional alguno y esa conducta es típica y, además, grave y por ello coincidente con el supuesto del artículo treintiuno, inciso segundo, de la Ley número veintiséis mil trescientos noventisiete, es decir, un hecho grave que sin ser delito compromete la dignidad del cargo y la desmerece en el concepto público27. 43. El 6 de septiembre de 1996 el señor Cordero Bernal presentó demanda de acción de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura a fin de que se declarara la nulidad de la anterior resolución28. Argumentó que pese a que la Ley 26397 y la Constitución Política disponen que no son impugnables las decisiones del CNM, sí procede la acción de amparo cuando, como en su caso, se viola el derecho fundamental al debido proceso29. En este sentido, indicó que la resolución violó el artículo 154 inciso 3 de la Constitución Política peruana puesto que la única motivación alegada por el CNM fue la “irracionalidad de la resolución concesoria de la libertad”30. 44. Asimismo, alegó que se violaron las garantías de estabilidad de los magistrados consagradas en el artículo 146 inciso 3 de la Constitución; así como los artículos 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que dispone que la destitución procede “siempre y cuando haya sido sancionado con suspensión anteriormente”, y 212 de la misma ley, que señala que “no da lugar a sanción la discrepancia de opinión ni de criterio en la resolución de los procesos”31. Finalmente argumentó que las pruebas demostraban su buena conducta y desempeño del cargo con corrección y honestidad y que la libertad incondicional concedida estaba basada en la verdad legal y en los principios de humanidad procesal32. 45. El 27 de noviembre de 1996 el Juzgado de Derecho Público emitió sentencia de primera instancia declarando improcedente la acción de amparo, al considerar que la resolución del CNM realizó un amplio examen de lo actuado y su decisión fue suficientemente motivada, razón que impide el análisis de fondo de los demás argumentos puesto que no existió violación alguna a las normas del debido proceso33. En particular se indica: La resolución del Consejo Nacional de la Magistratura que destituye al accionante es caso no revisable en sede judicial por haberse expedido sin afectar en nada las normas del debido proceso por lo que no cabe ya que este Juzgado se pronuncie sobre los otros dos argumentos de la demanda, desde que ello exigiría una revisión sobre el fondo que deviene improcedente conforme a lo expuesto hasta el momento (...)34. 46. La decisión anterior fue apelada por el señor Cordero Bernal. La Comisión no cuenta con información sobre dicho recurso. Anexo 3. Consejo Nacional de la Magistratura, Resolución No. 008-96-PCNM de 14 de agosto de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 27 Anexo 3. Consejo Nacional de la Magistratura, Resolución No. 008-96-PCNM de 14 de agosto de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 28 Anexo 11. Demanda de acción de amparo ante el Juzgado Especializado en Derecho Público, 6 de septiembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 29 Anexo 11. Demanda de acción de amparo ante el Juzgado Especializado en Derecho Público, 6 de septiembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 30 Anexo 11. Demanda de acción de amparo ante el Juzgado Especializado en Derecho Público, 6 de septiembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 31 Anexo 11. Demanda de acción de amparo ante el Juzgado Especializado en Derecho Público, 6 de septiembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 32 Anexo 11. Demanda de acción de amparo ante el Juzgado Especializado en Derecho Público, 6 de septiembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 33 Anexo 12. Juzgado de Derecho Público, Sentencia de 27 de noviembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 34 Anexo 12. Juzgado de Derecho Público, Sentencia de 27 de noviembre de 1996. Anexo a la petición inicial de 11 de noviembre de 1998. 26 9