-2permitía que los tribunales castrenses juzgaran a todo militar al que se le imputara un delito
ordinario, por el solo hecho de estar en servicio. La Corte estableció que su Sentencia
constituye por sí misma una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado
determinadas medidas de reparación (infra Considerandos 1 y 4).
2.

La Sentencia de interpretación emitida por la Corte el 15 de mayo de 2011 2.

3.
Las tres Resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencia emitidas el 25 de
noviembre de 2010, el 21 de noviembre de 2014 y el 17 de abril de 2015 3.
4.
Los informes presentados por el Estado entre octubre de 2011 y diciembre de 2019,
en respuesta a solicitudes efectuadas por la Corte o su Presidencia mediante notas de la
Secretaría del Tribunal.
5.
Los escritos de observaciones presentados por los representantes de las víctimas (en
adelante también “los representantes”) 4 entre noviembre de 2011 y enero de 2020.
6.
Los escritos de observaciones presentados por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) entre febrero
de 2012 y enero de 2020.
7.
La audiencia privada conjunta para los casos Fernández Ortega y otros y Rosendo
Cantú y otra, sobre supervisión de cumplimiento de las sentencias, celebrada el 3 de mayo
de 2016 en la sede del Tribunal 5.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus
decisiones 6, la Corte ha venido supervisando la ejecución de la Sentencia emitida hace más
de nueve años (supra Visto 1). En dicho Fallo, la Corte dispuso dieciséis medidas de
reparación. El Tribunal ha emitido tres resoluciones de supervisión de cumplimiento entre los
años 2010 y 2015 (supra Visto 3), en las cuales declaró que México había dado cumplimiento
2
Cfr. Caso Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de mayo de 2011. Serie C No. 225, disponible en:
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_225_esp.pdf.
3
Dichas
Resoluciones
se
encuentran
disponibles
en
el
siguiente
enlace:
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_supervision_cumplimiento.cfm?lang=es.
4
Los representantes en el presente caso son el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,
A.C., y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
5
A esta audiencia comparecieron: a) por las víctimas: Abel Barrera Hernández, Rogelio Teliz García, María
Luisa Aguilar Rodríguez, Vidulfo Rosales Sierra y Maribel González Pedro, del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan; así como Marcia Aguiluz, Luis Carlos Buob, Lady Zuluaga, Valentina Ballesta, Esteban Madrigal,
Francisca Stuardo, Antonio Jaen y Alina Rodríguez, de CEJIL; b) por el Estado: Erasmo A. Lara Cabrera, Agente del
Estado y Director General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fernando
Baeza Meléndez, Embajador de México en Costa Rica y Agente del Estado, Jaime Chávez Alor, Coordinador de Asuntos
Internacionales y Agregadurías de la Procuraduría General de la República, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, Director
General Adjunto de la Secretaría de Gobernación, Miriam Heredia, Directora General Adjunta de la Procuraduría
General de la República, Mariana Franco González, Directora de Área de la Secretaría de Gobernación, Carlos Uriel
Salas Segovia, Subdirector de Casos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Óscar Francisco Holguín González,
Encargado de asuntos políticos, jurídicos y prensa de la Embajada de México en Costa Rica, Virginio Hernández
Rodríguez, Subdirector de Asuntos Internacionales en representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ismerai
Betanzos Ordaz, Encargada de Asuntos de la Dirección de Derechos Humanos Indígenas de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y Gabriela Bernal Resendiz, de la Secretaría de la Mujer del estado de
Guerrero, y c) por la Comisión Interamericana: Silvia Serrano Guzmán y Erick Acuña Pereda, Asesores de la
Secretaría Ejecutiva. Asimismo, durante la audiencia los representantes proyectaron un video donde las señoras
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernádez Ortega expresaron “su sentir en relación al cumplimiento de la[s]
Sentencia[s …], seis años después [de su] emi[sión]”.
6
Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento.

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