_____________________________________________________________________________________ El 17 de agosto de 2004, minutos despué s de haber sido noti�icada la sentencia, la defensa de Alejandro Fiallos solicitó al juez del Juzgado Segundo Local del Crimen �ianza personal y que se revoque la orden de captura, por no encontrarse �irme dicha sentencia, y por lo tanto no tener calidad de cosa juzgada. Sin embargo, el juez no resolvió la solicitud, sino que la elevó al Juzgado Primero de Distrito de lo Penal de Managua, a pesar de que el artı́culo 109 del Có digo de Instrucció n Criminal establecı́a que el juez de primera instancia era el que admitı́a la solicitud de �ianza. Adicionalmente, el 18 de agosto de 2004 la defensa del señ or Fiallos Navarro interpuso recurso de apelació n en contra de la sentencia condenatoria de primera instancia y un recurso de exhibició n personal o há beas corpus. El recurso señ aló que la detenció n era ilegal ya que no se cumplieron con los requisitos del artı́culo 495 del Có digo de Instrucció n Criminal en el sentido de que en los juicios sumarios no se podı́an ejecutar las sentencias si no estaban �irmes. Dicho recurso fue declarado sin lugar por la Sala Penal No. 2 del Tribunal de Apelaciones indicando que “el procesado se encontraba ante autoridad competente”, existı́a una sentencia, y no procedı́a el amparo contra resoluciones judiciales en asuntos de su competencia. El 24 de agosto de 2004 al Juzgado Primero de Distrito de lo Penal de Managua aceptó una �ianza pecuniaria y ordenó se gire o�icio a la Direcció n de Migració n y Extranjerı́a para que deje sin efecto la orden de impedimento de salida del paı́s del señ or Fiallos. Ese mismo dı́a la vı́ctima fue puesta en libertad, luego de ocho dı́as. El 26 de noviembre, el mismo Juzgado rati�icó la sentencia de primera instancia en lo correspondiente a la vı́ctima condená ndolo a 45 dı́as de arresto y el pago de una multa de 100 có rdobas por la comisió n del delito de amenazas condicionadas y la pena de inhabilitació n absoluta y el pago de una multa de 100 có rdobas por el de abuso de autoridad. Asimismo, revocó la �ianza pecuniaria y ordenó el impedimento de salida del paı́s. Por ello, el 29 de noviembre se ordenó su captura y su impedimento de salida de Nicaragua. El 23 de diciembre de 2004 la defensa del señ or Fiallos Navarro interpuso un incidente de suspensió n de ejecució n de sentencia o condena condicional tanto por la pena de 45 dı́as de arresto como por la de inhabilitació n absoluta. Tambié n solicitó que se levante la orden de retenció n migratoria y la orden de captura, para que la vı́ctima acuda al despacho y pueda retornar de los Estados Unidos, en donde se encontraba en esos momentos. Ese mismo dı́a, la jueza del Juzgado Primero de Distrito Penal de Ejecució n de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, revocó la orden de retenció n migratoria y la orden de captura y el 24 de diciembre de 2004 el señ or Fiallos Navarro regresó a Nicaragua. Los dı́as 28 de febrero y 15 de marzo de 2005 se llevaron a cabo audiencias pú blicas en el marco del proceso de suspensió n de ejecució n de sentencia. El 29 de marzo de 2005 la jueza a cargo del Juzgado Primero otorgó la condena condicional en relació n con la pena de arresto, pero no la concedió respecto de la inhabilitació n absoluta por considerar que la condena condicional solo se aplicaba a la pena privativa de la libertad, y no a la inhabilitació n. Esta decisió n fue apelada, tanto por el Fiscal Auxiliar de Managua como por la defensa del señ or Fiallos. El 10 de junio de 2005 la Sala Penal No. 1 del Tribunal de Apelaciones de Managua revocó la decisió n y declaró ha lugar la solicitud de condena condicional respecto de la pena de inhabilitació n absoluta. El 5 de septiembre de 2005 la jueza del Juzgado Primero de Distrito Penal de Ejecució n de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria dictaminó un periodo de prueba de un añ o y medio en relació n con la pena de inhabilitació n absoluta. En su Informe de Fondo No. 281/22, la Comisió n determinó que la detenció n del señ or Fiallos Navarro fue ilegal. La Comisió n señ aló que el juez ordenó la detenció n a pesar de que la sentencia condenatoria de primera instancia no se encontraba en �irme por cuanto no habı́a sido noti�icada, y antes de otorgarle a la defensa la oportunidad de apelar la decisió n dentro del té rmino legal, de forma contraria a lo requerido por la normativa y el procedimiento interno. Asimismo, la Comisió n señ aló que, si bien la defensa del señ or Fiallos solicitó al juez de primera instancia que dictara, conforme a la normativa interna, una �ianza personal como juez competente de primera instancia, este no resolvió la solicitud y decidió elevar el incidente al juez superior, quien luego de ocho dı́as accedió a la �ianza, y ordenó su libertad. Es decir que, debido a esa decisió n y la demora en la tramitació n de las solicitudes, la vı́ctima estuvo detenida ilegalmente por ocho dı́as. 2

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