4 de diciembre de 2020
REF.:

Caso Nº 12.675
Gabriel Sales Pimenta
Brasil

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el Caso 12.675 – Gabriel Sales Pimenta, de la República Federativa de Brasil (en adelante “el Estado
de Brasil” o “Brasil”).
El presente caso se refiere a la responsabilidad del Estado brasileño por la situación de impunidad en
la que se encuentran los hechos relacionados con la muerte de Gabriel Sales Pimenta, defensor de los
derechos de los trabajadores rurales, en 1982 en el Estado de Pará. Dicha muerte se produjo en un contexto
de violencia relacionada con las demandas de tierra y la reforma agraria en Brasil.
Gabriel Sales Pimenta era abogado del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Marabá, defensor en
la región de Pau Seco en litigios contra los hacendados, siendo el primer abogado de Marabá en obtener la
revocación de un mandamiento provisional que había permitido la expulsión de los ocupantes de tierras de
una zona reivindicada por hacendados. Como resultado de su trabajo, recibió varias amenazas en los meses
anteriores a su asesinato, incluso lo amenazaron con matarlo antes del 4 de agosto de 1982. Según varias
declaraciones, Gabriel Sales Pimenta solicitó la protección del Estado. En ese sentido, habría denunciado las
amenazas recibidas a la Secretaría de Seguridad Pública de Belém, capital del estado de Pará, y habría acudido
personalmente a Belém para pedir ayuda tres veces, la última en junio de 1982.
El 18 de julio de 1982 Gabriel Sales Pimenta iba caminando con unos amigos y un hombre que salió
de un auto le disparó tres veces, ocasionándole la muerte. El apoyo policial requerido en Belém llegó a
Marabá recién el día siguiente de su muerte.
La Comisión determinó la existencia de irregularidades en la investigación y anotó que, pese a la
información que indica que testigos fueron amenazados, no se les proporcionó la debida protección ni fueron
efectivamente investigadas tales denuncias de tal manera que pudieran participar de manera efectiva en la
investigación. Un año y un mes después del asesinato de Gabriel Sales Pimenta y de la conclusión de la
investigación policial, el Ministerio Público presentó una denuncia penal contra tres personas como autores
del delito de homicidio calificado. Dos años después se decretó la prisión preventiva de los acusados, siendo
una de ellas luego revocada. De estas tres personas solo uno compareció y otra rindió testimonio 6 años
después de ocurridos los hechos.
En su Informe de Fondo la Comisión estableció la existencia de una serie de faltas a la debida
diligencia en la investigación como la falta de interrogatorios a testigos, el envío tardío de exhortos para el
cumplimiento de diligencias, la ausencia de fiscales en las audiencias, entre otras. En agosto de 1999 falleció
uno de los acusados, con la subsecuente extinción de su punibilidad, solo una persona fue imputada y la
denuncia contra la tercera persona se declaró improcedente por falta de pruebas.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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