VOTO PARCIALMENTE DISIDENTE DEL
JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO
CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT
(NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2020
(Fondo, Reparaciones y Costas)
1.
Con el reiterado respeto por las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en adelante, también “la Corte” o “el Tribunal”), me permito formular el presente voto
parcialmente disidente. El voto se centra en el análisis de fondo que realizó la Corte acerca de la
responsabilidad internacional del Estado (en adelante “el Estado”, “República de Argentina” o
“Argentina”) por la violación al artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante “Convención Americana”, “Convención” o “CADH”). Por un lado, considero oportuno
reafirmar y profundizar las inconsistencias lógicas y jurídicas de las que adolece la teoría de la
justiciabilidad directa y autónoma de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(en adelante “DESCA”) a través del artículo 26 de la Convención Americana, que ha sido asumida
por la mayoría de los jueces del Tribunal desde el caso Lagos del Campo Vs. Perú. Por otro lado
encuentro pertinente reflexionar en torno a las medidas de reparación, su grado de especificidad
y pormenorización, así como los retos y complejidades a la hora a la hora de supervisar el
cumplimento de medidas otorgadas bajo la novedosa lógica de la autonomía del artículo 26.
2.
En particular, explicaré mi discrepancia respecto de los puntos resolutivos 3 1, 152 y 173. Mi
análisis se realizará en el siguiente orden: A) algunas consideraciones generales en torno a la
justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana y los DESCA; B) la necesidad de
ponderación y equilibrio entre los derechos de los pueblos indígenas y tribales y los derechos de
terceros; C) los problemas en la sustracción del contenido y alcance del derecho a la propiedad
comunal contenido en el artículo 21 de la Convención Americana para proteger los derechos de
los pueblos indígenas y tribales; D) la eficacia jurídica directa de los derechos de los pueblos
indígenas y tribales sin necesidad de legislación que la regule, y E) los inconvenientes en la
supervisión de cumplimiento relativos a la periodicidad y pormenorización de la medida de
reparación sobre la restitución de las tierras.

1

El Estado es responsable por la violación a los derechos a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad
cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, establecidos en el artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las 132
comunidades indígenas señaladas en el Anexo V a la presente Sentencia, en los términos de sus párrafos 195 a 289
2
El Estado, en un plazo razonable, adoptará las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para
dotar de seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, en los términos señalados en los párrafos 354 a
357 de la presente Sentencia.
3
El Estado rendirá al Tribunal los informes semestrales ordenados en el párrafo 344 de la presente Sentencia.

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