pudo ser alegada en la etapa de admisibilidad debido a que fue hasta el informe de admisibilidad que la Comisión incluyó la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención, lo que a su criterio atenta contra la seguridad jurídica del sistema interamericano y genera una situación de indefensión para el Estado. 15. Respecto a la competencia de la Corte Suprema para analizar el monto de la reparación civil a través de una casación penal, el Estado expone que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos no dispone la forma en que los Estados miembros deben definir las competencias de los Tribunales internos”. Destacó que la normativa interna procesal penal de Costa Rica establece la posibilidad de que la acción civil pueda ejercerse dentro del proceso penal, por lo que si una sentencia es recurrida, la Sala de Casación Penal es la instancia competente. El Estado alegó que, en todo caso, de haber considerado la existencia de un problema de competencia, los peticionarios tenían expedita la vía de la acción de inconstitucionalidad, situación sobre la cual los tribunales ordinarios no tuvieron oportunidad de expedirse, porque no fue planteada. El Estado resalta que este argumento de falta de agotamiento de los recursos internos tampoco pudo ser alegado en la etapa de admisibilidad ya que la potencial violación de los artículos 8 y 25 de la Convención no estuvo en discusión, ni se derivó de ningún argumento en el caso. III. DETERMINACIONES DE HECHO A. Publicación de la nota de prensa en el diario “La Nación” 16. En diciembre de 2005, el periodista Freddy Parrales, quien se desempeñaba como corresponsal del diario “La Nación” de Costa Rica, recibió información según la cual varios jefes y oficiales de las fuerzas de seguridad del Estado habrían estado siendo investigados por asuntos vinculados con contrabando de licores en una zona fronteriza con Panamá2. 17. Con base en la información recibida, Freddy Parrales comunicó sobre dicha situación a Ronald Moya, quien se desempeñaba como su jefe en la redacción del diario “La Nación”3. Posteriormente, Moya, a su vez, se comunicó y solicitó información a quien entonces se desempeñaba como Ministro de Seguridad Pública de Costa Rica4. El propio ministro, señor Rogelio Ramos Martínez, señaló en su declaración indagatoria que, luego de solicitarle a la directora de Apoyo Legal Judicial la verificación correspondiente, confirmó al periodista Ronald Moya que existía una investigación por extorsión respecto de José Cruz Trejos Rodríguez quien se desempeñaba como jefe policial en San Vito de Coto Brus5. 18. El 17 de diciembre de 2005, en la sección de Sucesos, página 16A del diario “La Nación” de Costa Rica, se publicó un reportaje bajo el título “OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores” firmada por los periodistas Ronald Moya y Freddy Parrales6. La nota de prensa reportó que un jefe regional de la Policía Conforme a lo señalado por los peticionarios sobre lo cual el Estado señaló no tener constancia. Escrito de los peticionarios de 28 de febrero de 2015. 3 Conforme a lo señalado por los peticionarios sobre lo cual el Estado señaló no tener constancia. Escrito de los peticionarios de 28 de febrero de 2015. 4 Anexo 1. Sentencia No. 02-2007 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José. 10 de enero de 2007. Anexo 4 a la petición inicial de 29 de agosto de 2008, folio 185. 5 Anexo 1. Sentencia No. 02-2007 del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José. 10 de enero de 2007. Anexo 4 a la petición inicial de 29 de agosto de 2008, folio 185. 6 Anexo 2. Nota de prensa publicada en el Diario “La Nación” el 17 de diciembre de 2005, titulada “OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores”. Anexo 2 a la petición inicial de 29 de agosto de 2008. La nota de prensa completa señalaba lo siguiente: OIJ denunció a jefe policial por no detener camión con licores Habría dado una contraorden para que vehículo no quedara detenido 17 diciembre, 2005 El 29 de junio de este año, un oficial de la Fuerza Pública detuvo en el puesto fronterizo de Paso Canoas, en Corredores, en la zona sur, un camión cargado con licores de contrabando procedente de Panamá. El vehículo es propiedad de unos empresarios residentes en la ciudad de Cartago, a quienes en otras oportunidades la policía judicial había detenido por las mismas razones. Sin embargo, aquel 29 de junio, el vehículo con la carga de licores no tardó mucho tiempo en ser liberado. Al lugar llegó, en cuestión de minutos, el jefe regional de la Fuerza Pública, Luis Ortega, quien tras analizar el caso pidió al oficial, (subalterno suyo) liberar el vehículo con la mercadería. Este hecho llevó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a presentar una denuncia contra el jefe policial bajo el cargo de incumplimiento de deberes. La denuncia se tramita en la Fiscalía de Corredores. 2 4