18. Se firmaron diversos acuerdos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional entre 1989 y 1992 y, finalmente, tras doce años de conflicto armado, el 16 de enero de 1992 se firmó el Acuerdo de Paz que puso fin a las hostilidades en Chapultepec, México, auspiciado por el Secretario General de las Naciones Unidas. En el marco de estos acuerdos, el 27 de abril de 1991 se decidió la creación de la Comisión de la Verdad con el mandato de investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980 y elaborar recomendaciones de orden legal, político o administrativo que podían guardar relación con casos específicos o ser de carácter más general. La Comisión de la Verdad emitió su informe en 1993 6. 19. La Comisión de la Verdad describió los patrones de violencia durante el conflicto armado, tanto de agentes del Estado como de integrantes del FMLN. De las denuncias recibidas por la Comisión de la Verdad, “[m]ás de un 60% del total corresponden a ejecuciones extrajudiciales; más del 25% a desapariciones forzadas; y más del 20% incluyen denuncias de tortura”. En cuanto a los perpetradores, las denuncias atribuyeron casi 85% de los casos a los agentes del Estado, a grupos paramilitares aliados de éstos y a los escuadrones de la muerte. De igual forma, los efectivos de la Fuerza Armada fueron acusados en casi 60% de las denuncias; los miembros de los cuerpos de seguridad en aproximadamente el 25%; los miembros de las escoltas militares y de la defensa civil en aproximadamente el 20%; y los integrantes de los escuadrones de la muerte en más del 10% de los casos. Las denuncias registradas responsabilizaron aproximadamente en el 5% de los casos al FMLN 7. 20. En su Informe, la Comisión de la Verdad caracterizó un primer período de tiempo de 1980 a 1983 como la “institucionalización de la violencia”, que describe de la siguiente forma: “La instauración de la violencia de manera sistemática, el terror y la desconfianza en la población civil son los rasgos esenciales de este período. La desarticulación de cualquier movimiento opositor o disidente por medio de detenciones arbitrarias, asesinatos, desaparición selectiva e indiscriminada de dirigentes devinieron en práctica común. La represión en la ciudad se dirigió contra organizaciones políticas, gremios y sectores organizados de la sociedad salvadoreña. Ejemplo de ello constituyen la persecución contra organizaciones como la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES), los asesinatos de dirigentes políticos, y los ataques contra entidades de derechos humanos” 8. 21. Igualmente, en lo relacionado con este período, el Informe indica que “[l]a aparición del terrorismo organizado, a través de los denominados escuadrones de la muerte se convierte en la práctica más aberrante del proceso de violencia incremental. Grupos civiles y militares practican asesinatos con total impunidad en forma sistemática, bajo el amparo displicente de instituciones del Estado. Es así como el asesinato de Monseñor Romero ejemplifica el limitado y devastador poder de esots grupos. Este período registra el mayor numero de muertes y violaciones de los derechos humanos” 9 . Además, señala que la Comisión de la Verdad recibió testimonios directos de 1.145 víctimas de graves actos de violencia ocurridas durante 1982. 22. En su Informe de Fondo sobre el asesinato del Arzobispo de San Salvador, Monseñor Romero, la CIDH destacó su papel, relacionado con su trabajo en derechos humanos desde la Oficina de Socorro Jurídico: “En las homilías pronunciadas en la época inmediatamente anterior a su ejecución extrajudicial, el Arzobispo de San Salvador se hacía eco de los hechos de violencia y las violaciones a los derechos humanos revelados por el trabajo de la Oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado. Como consecuencia, se erigió en un reconocido crítico de la violencia y la injusticia y era percibido como un enemigo peligroso en ciertos círculos civiles y militares. Los personeros del Gobierno y la Fuerza Armada consideraban su actuación como favorable a la subversión” 10. 23. Igualmente, la CIDH ha tenido conocimiento de ataques contra la vida y la integridad contra personas relacionadas con el Socorro Jurídico Cristiano y la Universidad Centroamericana -UCA- en la época del conflicto en El Salvador, como se pronunció en el Informe de Fondo sobre la ejecución extrajudicial de los sacerdotes jesuitas: el Rector de la UCA, Padre Ignacio Ellacuría; el Vicerector, Padre Ignacio Martín Baró; el Director del Corte IDH. Caso Contreras y otros vs El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de Agosto de 2011. Párr. 46. Corte IDH. Caso Contreras y otros vs El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de Agosto de 2011. Párr. 47. 8 Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza: La Guerra de 12 años en El Salvador”. Pág. 18. 9 Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza: La Guerra de 12 años en El Salvador”. Pág. 18 y 19. 10 CIDH, Informe No. 37/00. Caso 11.481. Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez. El Salvador. 13 de abril de 2000. 6 7 4