INFORME No. 59/19 CASO 12.705 INFORME DE FONDO JOFFRE ANTONIO AROCA PALMA Y FAMILIA ECUADOR I. INTRODUCCIÓN 1. El 20 de junio de 2002 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana”, la “Comisión” o la CIDH”) recibió una petición presentada por Winston Joffre Aroca Melgar y Gabriel Palacios Verdesoto (en adelante “la parte peticionaria”) en la cual se alega la responsabilidad internacional de la República del Ecuador (en adelante “el Estado ecuatoriano”, “el Estado” o “Ecuador”) por la detención ilegal y arbitraria, y ejecución extrajudicial de Joffre Antonio Aroca Palma por parte de agentes estatales en febrero de 2001, así como la situación de impunidad en la que permanecen los hechos. 2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 59/09 el 16 de julio de 20091. El 21 de julio de 2009 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a disposición a fin de llegar a una solución amistosa sin que se dieran las condiciones para resolver el caso mediante dicho procedimiento. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada entre las partes. II. ALEGATOS DE LAS PARTES A. Parte peticionaria 3. La parte peticionaria alega la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la detención ilegal y arbitraria, y la ejecución extrajudicial de Joffre Antonio Aroca Palma por parte de agentes policiales el 27 de febrero de 2001 en la ciudad Guayaquil. En relación con la muerte del señor Aroca, la parte peticionaria indica que el señor Aroca fue detenido de forma ilegal y arbitraria por parte de cuatro agentes policiales mientras se encontraba con un grupo de amigos en la calle. Añade que fue subido a un vehículo oficial donde le taparon la cara son su camiseta. La parte peticionaria manifiesta que posteriormente el señor Aroca fue bajado del auto y un agente policial le disparó por la espalda. 4. La parte peticionaria indica que el Estado también vulneró los derechos a las garantías judiciales y protección judicial en tanto una de las dos investigaciones se siguió ante el fuero policial, vulnerando la garantía de contar con un tribunal competente. Agrega que la muerte del señor Aroca se encuentra en impunidad puesto que a la fecha i) la sentencia condenatoria en el fuero policial en contra de una persona no ha sido ejecutada; y ii) el proceso penal en el fuero ordinario sigue abierto y se encuentra en riesgo de ser declarado prescrito. De igual manera, sostiene que los familiares no han logrado alcanzar una reparación integral por las vulneraciones a los derechos del señor Aroca. B. Estado 5. El Estado ecuatoriano sostiene que no es responsable internacionalmente por los hechos denunciados en tanto cumplió con sus obligaciones convencionales de investigación, juzgamiento y sanción. Alega que luego de ocurrida la muerte del señor Aroca se iniciaron las investigaciones correspondientes, una en el fuero policial y otra en el fuero penal ordinario, conforme a su ordenamiento interno, a efectos de sancionar a los agentes policiales involucrados. 6. El Estado explica que, a pesar de la complejidad del caso, los procesos internos se dieron en un plazo razonable y que se emitió una sentencia condenatoria en contra de un agente policial. Asimismo, CIDH. Informe No. 59/09. Petición 489-02. Joffre Antonio Aroca Palma. 16 de julio de 2009. En el informe la CIDH declaró admisible los derechos establecidos en los artículos 4.1, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 1 1

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