_____________________________________________________________________________________ Posteriormente, en abril de 2002 la Sra. Melinho envió una notificación extrajudicial al Hospital de la UNICAMP para solicitar que le hicieran la cirugía de afirmación sexual. El hospital respondió que no realizaría la cirugía debido a que no contaba con los equipos multidisciplinarios necesarios para proporcionar el tratamiento y el hospital no estaba acreditado para la cirugía. El 8 de noviembre de 2002 la Sra. Melinho interpuso una demanda de daños morales con anticipación de tutela contra la UNICAMP, en la cual alegaba que el hospital había creado la expectativa de que le haría la cirugía de afirmación sexual y que el poder judicial debía ordenarle que la realizara o que pagara su realización en un hospital privado. Además, la Sra. Melinho solicitó una indemnización por daños morales resultantes de la frustración sufrida por la negación del hospital. Debido a su estado psicológico y a los riesgos que podría plantear para su salud una demora en la tramitación del proceso, la Sra. Melinho solicitó la anticipación de tutela para que se obligara al hospital a realizar la intervención quirúrgica con urgencia o a pagar su realización en un hospital privado. El pedido fue rechazado el 14 de octubre de 2003. En marzo de 2005 la señora Melinho reiteró su pedido de que se realizara la intervención quirúrgica de inmediato, pero la autoridad judicial no se pronunció sobre esta solicitud. Así, en 2005 ante la imposibilidad de que un hospital público le realizara la cirugía, Luiza Melinho obtuvo un préstamo y se realizó la cirugía de afirmación de género en un hospital privado. El 8 de febrero de 2006 se dictó sentencia desfavorable de primera instancia, en la cual, entre otros, se afirmó que no cabía imponer al Hospital de la UNICAMP, por vía judicial, la obligación de realizar la intervención quirúrgica de afirmación de género de la presunta víctima, en vista de la complejidad del procedimiento y de que se había cerrado el proceso de selección de pacientes nuevos para ese tipo de procedimiento en el hospital. Esta decisión fue apelada por la Sra. Melinho ante el Tribunal de Justicia de São Paulo. El 23 de agosto de 2007 mientras su caso seguía pendiente, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región emitió una decisión de alcance nacional mediante la cual se incluyó el procedimiento de género entre los procedimientos quirúrgicos que debía proporcionar el sistema público de salud. A pesar de esta decisión, el Tribunal de Justicia de São Paulo denegó el recurso de la señora Melinho el 9 de junio de 2008, ratificando el argumento de la decisión de primera instancia. En su Informe de Fondo No. 395/21, la Comisión evaluó si la negativa del Estado de realizarle la cirugía de afirmación de sexo a la Sra. Melinho o de reembolsarse los gastos en que incurrió resultaron contrarios a la Convención Americana. Al respecto, la Comisión observó que el Estado de Brasil recoge en su legislación interna y en criterios jurisprudenciales el derecho a la cirugía de afirmación de sexo. Partiendo de lo anterior, la Comisión concluyó que el Estado no garantizó el acceso a la salud de la señora Melinho en condiciones de igualdad tal procedimiento, lo cual se vio demostrado en los obstáculos para acceder a la cirugía solicitada, particularmente reflejada en el escaso número de establecimientos capaces de realizar la cirugía, la lejanía geográfica con el domicilio de la víctima y las demoras para poder acceder a la misma. La Comisión también consideró que hubo una falla en el acceso equitativo a prestaciones de salud, lo cual tuvo impacto específico en la víctima tomando en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, la Comisión consideró que las demoras judiciales tuvieron un impacto en la vida privada de la Sra. Melinho y a su derecho a definir de manera autónoma su identidad de género. Todo lo anterior, en violación del derecho a la salud, a la integridad personal y a la vida privada, en relación con el derecho a la igualdad y no discriminación. En cuanto a las garantías judiciales y la protección judicial, la Comisión estableció que existió una demora injustificada en los cinco años y medio de tramitación del caso que retrasó la cirugía de afirmación de sexo, lo cual tuvo un impacto desfavorable en la salud física y mental de la víctima. Ello se vio reflejado en tres intentos de suicidio, informes que dan cuenta de un estado de depresión y ansiedad, así como un incidente en el que la señora Melinho se mutiló la bolsa escrotal. Además, la Comisión notó que ninguno de los recursos promovidos constituyó una respuesta efectiva y adecuada frente al reclamo de la víctima. 2 _____________________________________________________________________________________

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