de diciembre de 2023 para remitir el referido acuerdo de solución amistosa debidamente firmado. 8. Los escritos de 14 de diciembre de 2023, mediante los cuales el representante y el Estado remitieron el Acuerdo de Solución Amistosa, en relación con el presente caso. 9. La nota de Secretaría de 19 de diciembre de 2023, mediante la cual, siguiendo instrucciones de la Presidencia, se dejó sin efecto la convocatoria a la audiencia pública notificada mediante Resolución de 12 de mayo de 2023 y suspendida mediante nota de 7 de junio de 2023. 10. El escrito de 18 de enero de 2024, mediante el cual la Comisión IDH remitió sus observaciones a los Acuerdos de Solución Amistosa (en adelante también el “Acuerdo”) presentados por las partes. 11. La nota de secretaría de 22 de enero de 2024, mediante la cual, siguiendo instrucciones de la Presidencia, se otorgó un plazo hasta el 29 de enero de 2024 para que las partes aclaren si dicho documento acepta el contenido del Informe artículo 50 de la Convención Americana (Informe de Fondo No. 173-20 de la Comisión Interamericana) en todos sus términos, incluyendo las consideraciones de hechos y de derecho. 12. Los escritos de 28 y 29 de enero de 2024, mediante los cuales el Estado y el representante remitieron sus observaciones a la solicitud de aclaración por parte de la Presidencia. CONSIDERANDO QUE: 1. Esta Presidencia nota que el Acuerdo presentado por el representante y el Estado (supra Visto 8) contiene un resumen del marco fáctico contenido en el Informe de Fondo No. 173-20. Por otra parte, conforme al acuerdo se señalan como derechos vulnerados aquellos contenidos en los artículos 4.1, 5.1, 5.2, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Aníbal Alonso Aguas Acosta y sus familiares. Sin embargo, no se identifica de manera precisa respecto de cuáles hechos relatados derivaría la responsabilidad estatal por la vulneración a esos derechos. Además, el Acuerdo no comprende un reconocimiento de responsabilidad respecto las alegadas violaciones contenidas en el Informe de Fondo relativas a los artículos 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. 2. En su escrito de observaciones a la solicitud de aclaración solicitada por parte de la Presidencia (supra Vistos 11 y 12), el Estado indicó que “[l]os hechos y derechos que las partes han reconocido como violatorios de los derechos humanos del señor Aníbal Alonso Aguas Acosta y los beneficiarios […]son los que se detallan […] en [el Acuerdo]”. Agregó que esos hechos “no contradicen los hechos descritos en el Informe de Fondo”. Asimismo, con respecto a las consideraciones de derecho, el Estado reconoció que “no existió un acuerdo con relación a los artículos 2 de la [Convención Americana] y 1,6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. Sostuvo por tanto que, “[l]e corresponderá al Tribunal Interamericana manifestarse al respecto”. Sobre las reparaciones reiteró que en el Acuerdo “las partes solicitan al Tribunal […] considerando los avances realizados entre las partes en torno a las indemnizaciones materiales e inmateriales, [que] determine las reparaciones que correspondan”. 3. El representante mencionó en sus observaciones a la solicitud de aclaración solicitada por parte de la Presidencia (supra Vistos 11 y 12) que, en el marco del Acuerdo “el Estado aceptó su responsabilidad en los hechos dados por probados en el marco fáctico contenido en 2

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