En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes
medidas de reparación:

1.
Reincorporar a Sandra Pavez al cargo que ocupaba como profesora en una institución
de educación pública, de ser su voluntad y en concertación con ella.

Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el
presente informe en contra de Sandra Pavez tanto en el aspecto material como inmaterial. El aspecto
material deberá tener en cuenta las diferencias de los montos económicos salariales y prestaciones
sociales que hubiere recibido en su condición de docente. Además, el Estado deberá adoptar las
medidas de compensación económica y satisfacción que correspondan.
2.

3.
Disponer mecanismos de no repetición que incluyan: i) la adecuación de la normativa
interna, incluyendo el Decreto 924 de 1983 del Ministerio de Educación, a fin de que asegurar que el
mismo no promueva actos de discriminación por orientación sexual en su aplicación; ii) la adopción
de las medidas necesarias para asegurar el debido control administrativo y judicial de posibles
situaciones discriminatorias en el contexto de la aplicación de la referida normativa; y iii) capacitar
a las personas encargadas de evaluar la idoneidad del personal docente y a los funcionarios judiciales
de todas las instancias que estén llamados a conocer recursos de protección de derechos
fundamentales, sobre el alcance y contenido del principio de igualdad y no discriminación,
incluyendo la prohibición de discriminación por orientación sexual.

Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de
las recomendaciones del informe de fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de
orden público interamericano. Específicamente, este es el primer caso de discriminación con base en
la orientación sexual en el ámbito laboral y en particular en el ámbito educativo. Por lo tanto, el
mismo ofrecerá a la Honorable Corte la oportunidad de fijar estándares en la materia además de
profundizar su jurisprudencia respecto de casos de discriminación por orientación sexual. Asimismo,
permitirá continuar desarrollando estándares relativos a las obligaciones inmediatas y exigibles que
se desprenden del artículo 26 de la Convención a la luz de la aplicación del principio de igualdad y no
discriminación respecto del derecho al trabajo y, en particular, al trabajo en el ámbito educativo y en
la función pública. La Honorable Corte podrá pronunciarse sobre las salvaguardas que deben existir
para evitar que la potestad que eventualmente se dé a autoridades religiosas en materia de educación
no se realice de manera arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. En tal sentido, el caso
ofrecerá la oportunidad de establecer parámetros para que los Estados garanticen que sus políticas
en materia educativa combatan los patrones sociales y culturales de conductas discriminatorias.
En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público
interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la
Comisión se permite ofrecer la siguiente declaración pericial:

Perito/a, cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre los
estándares relativos a las obligaciones internacionales respecto a la prohibición de la discriminación
con base en la orientación sexual en el ámbito laboral, en particular en el ámbito educativo,
incluyendo educación religiosa, y de la función pública. En la medida de lo pertinente, el/la perito/a
se referirá a otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos y al derecho
comparado. Para ejemplificar el desarrollo de su peritaje, el/la perito/a podrá referirse a los hechos
del caso.
El CV del/a perito/a propuesto/a será incluido en los anexos al Informe de Fondo No. 148/18.
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