3
requiere el efectivo acceso a la justicia3. En razón de lo anterior, es preciso recibir por
declaración rendida ante fedatario público (affidávit) el mayor número posible de
testimonios y dictámenes, y escuchar en audiencia pública a los testigos y peritos cuya
declaración directa resulte verdaderamente indispensable, tomando en cuenta las
circunstancias del caso y el objeto de los testimonios y dictámenes.
5.
El Presidente observa que la solicitud del Estado (supra Visto 2) no implica una
nueva prueba, una sustitución de declarante o un cambio en el objeto del dictamen,
sino solamente que se reciba mediante affidávit el mismo peritaje que había sido
requerido en la referida Resolución del Presidente para rendirse en audiencia pública
(supra Visto 1 y Considerando 2).
6.
En atención a las razones expuestas por el Estado, y dado que el peritaje del
señor Hoyos Phillips es relevante para el conocimiento del presente caso, el Presidente
del Tribunal estima conducente que el mismo sea rendido ante fedatario público
(affidávit), conforme se dispone en la parte resolutiva de esta Resolución.
POR TANTO:
EL PRESIDENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
de conformidad con los artículos 24.1 y 25.2 del Estatuto de la Corte y con los
artículos 4, 15.1, 25, 30.2, 42, 46, 48, 50, 54 y 55 del Reglamento, y en consulta con
los demás Jueces del Tribunal,
RESUELVE:
1.
Confirmar la Resolución del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos de 30 de julio de 2010 en lo relativo a la determinación del objeto del
peritaje del señor Arturo Hoyos Phillips.
2.
En ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 50.3 del Reglamento
disponer que el perito Arturo Hoyos Phillips rinda su dictamen pericial ante fedatario
público (affidávit).
3.
Requerir al Estado de Panamá que coordine y realice las diligencias necesarias
para que se de cumplimiento a lo dispuesto en el punto resolutivo anterior y remita la
declaración del perito a la Corte a más tardar el 13 de agosto de 2010.
4.
Solicitar a la Secretaría que, una vez recibida la declaración rendida ante
fedatario público (affidávit), la transmita a los representantes de la presunta víctima y
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, en un plazo
improrrogable de siete días, contado a partir de su recepción, presenten las
observaciones que estimen pertinentes.

3

Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, supra nota 2, Considerando quinto.

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