INFORME No. 13/20 CASO 13.333 INFORME DE FONDO DANIEL GARCÍA RODRÍGUEZ Y REYES ALPÍZAR ORTÍZ MEXICO 3 de marzo de 2020 I. INTRODUCCIÓN 1. El 16 de febrero y 17 de abril de 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“la Comisión” o “la CIDH”) recibió peticiones presentadas por Daniel García Rodríguez1 (“la parte peticionaria”), en la cual se alega la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (“el Estado mexicano”, “el Estado” o “México”) por las alegadas torturas, violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz (“las presuntas víctimas”). 2. La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 68/17 el 25 de mayo de 20172. El 12 de julio de 2017 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de arribar a una solución amistosa, sin que se dieran las condiciones para dicho acuerdo3. Las partes contaron con los plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. El Estado no presentó observaciones en la etapa de fondo. Toda la información recibida fue debidamente trasladada a las partes. II. ALEGATOS DE LAS PARTES A. Parte peticionaria 3. La parte peticionaria alega que las presuntas víctimas fueron injustamente acusadas de haber participado en el homicidio de la regidora de Atizapán de Zaragoza, María de los Ángeles Tamés Pérez, ocurrido el 5 de septiembre de 2001. Indica que fueron detenidas sin orden de aprehensión. Específicamente, el 25 de febrero de 2002 Daniel García iba de camino a la casa de su padre cuando fue interceptado por dos policías que le indicaron que era requerido por la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla del Estado de México (“Subprocuraduría de Tlalnepantla”) para declarar en la investigación del homicidio. Tras 14 horas de detención e incomunicación, fue notificado de una orden de arraigo por 30 días emitida por el Juez Quinto Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla (“Juez Quinto Penal”). Reyes Alpizar, por su parte, fue detenido el 25 de octubre de 2002 y mantenido en la Subprocuraduría de Tlalnepantla por 12 horas, donde alega que fue víctima de torturas por funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), para luego ser arraigado. Alega que ambos fueron mantenidos incomunicados por 45 días en un hotel. 4. La peticionaria también alega que, durante el arraigo, el Subprocurador de Tlalnepantla presionó a Daniel García para que firmara una declaración sobre presuntos actos de corrupción de sus ex jefes, un ex Presidente Municipal y Senador y el segundo Presidente Municipal. Tras negarse, fue amenazado y torturado El 21 de enero de 2019, Reyes Alpizar Ortiz y Daniel García Rodríguez informaron que sus defensores y representantes legales serían Simón Alejandro Hernández Leon y Francisco Javier Sánchez García, revocando el poder conferido a Denisse Aribel García Pérez. 2 CIDH. Informe No. 68/17. Petición 474-07. Admisibilidad Reyes Alpizar Ortiz y Daniel Rodríguez García. México. 25 de mayo de 2017. La CIDH declaró admisible la petición en relación con los derechos consagrados en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana en conexión con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, declarando inadmisible la petición en relación con el artículo 11 de la Convención Americana y respecto de los alegatos presentados en perjuicio de las demás presuntas víctimas. En dicho Informe la Comisión cometió un error en el nombre de uno de los peticionarios y presunta víctima del caso indicando que se trataba de “Daniel Rodríguez García”, en circunstancias que su nombre correcto es Daniel García Rodríguez. La Comisión enmienda su error y deja expresa constancia que, para todos los efectos legales, el nombre del peticionario referido en el Informe de Admisibilidad debe entenderse como Daniel García Rodríguez. 3 El 6 de diciembre de 2017 los peticionarios manifestaron su intención de iniciar un proceso de solución amistosa, lo que fue trasladado al Estado el 8 de febrero de 2018, sin que la CIDH recibiera respuesta. El 9 de marzo, 10 de julio y 25 de septiembre de 2018, los peticionarios indicaron que habían mantenido reuniones con funcionarios estatales y federales en las que se había manifestado la intención de llegar a un acuerdo, el que no prosperó. 1 1

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