-21. En el ejercicio de su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento de sus decisiones3, corresponde a la Corte verificar el cumplimiento por parte del Estado de la obligación de reintegrar al Fondo de Asistencia la cantidad ordenada en la Sentencia emitida en el presente caso. 2. En razón de las violaciones declaradas en la Sentencia (supra Visto 1) y en atención a lo establecido en el artículo 5 del Reglamento del Fondo de Asistencia 4, en el punto dispositivo décimo primero y el párrafo 230 de la Sentencia, la Corte ordenó a Colombia reintegrar a dicho Fondo la cantidad de US$ 2.509,34 (dos mil quinientos nueve dólares y treinta y cuatro centavos de los Estados Unidos de América), correspondientes a “los gastos incurridos” durante el litigio ante la Corte. El Tribunal determinó que el Estado debía reintegrar la referida cantidad en el plazo de noventa días, contados a partir de la notificación de la Sentencia. Asimismo, estableció en el párrafo 236 de la Sentencia que “[e]n caso de que el Estado incurriera en mora, incluyendo en el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia […], deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada, correspondiente al interés bancario moratorio en la República de Colombia”. 3. Mediante nota de Secretaría de 26 de agosto de 2016 (supra Visto 2), se recordó al Estado que el 18 de julio de 2016 venció el plazo para efectuar el reintegro al FALV. el Estado presentó un escrito el 1 de septiembre de 2016 (supra Visto 3), mes y medio después de vencido el referido plazo de 90 días, mediante el cual solicitó la “comprensión de la Corte Interamericana sobre [… los motivos por los cuales aún no ha realizado el reintegro y que,] de ser posible, extender el plazo para el cumplimiento por noventa (90) días”. Al respecto, señaló que si bien “[d]esde que fue notificada la Sentencia […] ha estado adelantando las gestiones necesarias para dar cumplimiento, […] el proceso de concertación con las diferentes instituciones y entidades ha tomado tiempo[,] no solo por ser la primera vez que el Estado ha sido condenado a reintegrar dinero al [FALV], sino porque aunque existen los recursos dentro del presupuesto nacional para asumir pagos ordenados por instancias judiciales internacionales, es necesario que una entidad del Gobierno nacional asuma este trámite”. En este sentido, el Estado señaló que “ha sido difícil” determinar cuál es la “entidad que por sus funciones o ámbito de competencia estuviera involucrada o relacionada en los hechos que motivaron” la Sentencia. El Estado también afirmó que si bien “se ha recurrido a la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario […] para definir a la mayor brevedad la entidad que hará el reintegro de los dineros al [FALV]”, el procedimiento de convocatoria de dicha Comisión es un “proceso que toma algún tiempo, especialmente por la calidad de los integrantes del Comité (Ministros y Directores de Departamento Administrativo)”. 4. Esta Presidencia considera improcedente la solicitud de prórroga del plazo para dar cumplimiento al reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, debido a que el mismo fue fijado por la Corte en la Sentencia y se incluyó una disposición respecto a intereses moratorios (supra Considerando 2), aunado a que Colombia efectuó la solicitud después de vencido el plazo, con posterioridad a que se le remitiera un 3 Facultad que además se desprende de lo dispuesto en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana y 30 de su Estatuto y se encuentra regulada en el artículo 69 de su Reglamento. 4 Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, aprobado por el Tribunal el 4 de febrero de 2010, y en vigor a partir del 1 de junio de 2010. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/regla_victimas/victimas_esp.pdf.

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