12 de agosto de 2020
REF.:

Caso Nº 12.949
Comunidad Garífuna de San Juan y sus Miembros
Honduras

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
12.949 – Comunidad Garífuna de San Juan y sus Miembros, de la República de Honduras (en adelante “el
Estado”, “el Estado hondureño” u “Honduras”). El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado
por la falta de protección de las tierras ancestrales de las Comunidades Garífuna de San Juan y Tornabé, así
como las amenazas contra varios de sus líderes y lideresas.
En su Informe de Fondo la Comisión analizó el caso teniendo presente la jurisprudencia del sistema
interamericano respecto de los derechos de los pueblos indígenas, en atención a las características sociales,
culturales y económicas distintivas del pueblo Garífuna, incluyendo la relación especial con sus territorios
ancestrales y tradicionales.
La CIDH observó que no existe controversia respecto a que la Comunidad Garífuna de San Juan no
cuenta con un título de propiedad colectiva que reconozca la totalidad de sus tierras y territorios ancestrales.
Al respecto, la Comisión consideró que, si bien en el año 2000 el instituto Nacional Agrario otorgó un título
reconociendo una porción del territorio ancestralmente reclamado, el Estado no ha cumplido con titular la
totalidad del territorio de la comunidad, lo cual ha impedido que la comunidad use y goce de sus tierras en
forma pacífica. La Comisión evidenció la existencia de múltiples omisiones e irregularidades en la tramitación
de la solicitud de titulación, incluyendo el extravío del expediente que fue abierto desde el año 1997 que
contenía la solicitud presentada por la Comunidad. Asimismo, en este escenario de falta de seguridad jurídica
respecto de sus territorios ancestrales, la Comisión constató el otorgamiento de títulos a terceros ajenos a la
comunidad; el otorgamiento y funcionamiento de proyectos hoteleros; la ampliación del casco urbano de la
Municipalidad de Tela; y la creación de un Parque Nacional en el territorio reivindicado por la comunidad. La
Comisión en su informe de fondo recordó, asimismo, que según lo ha hecho notar en anteriores oportunidades,
el Estado tampoco cuenta con un marco jurídico adecuado que permita realizar de manera pronta y ágil la
reubicación de habitantes no indígenas dentro de territorios reclamados ancestralmente por pueblos y
comunidades indígenas.
Por lo expuesto, la Comisión concluyó que la falta de titulación de la totalidad del territorio de la
Comunidad San Juan por parte del Estado, incluyendo las falencias en asegurar la propiedad y posesión
pacíficas y la no injerencia de terceros, así como la falta de adopción de una legislación conforme a los
estándares internacionales, violaron el derecho a la propiedad colectiva en perjuicio de la Comunidad Garífuna
de San Juan y sus miembros.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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