4 Jorge Dugarte Contreras, agente, y Gisela Aranda, asistente. 15. El testimonio de la señora Liliana Ortega rendido en la audiencia pública, y el cual se resume a continuación: a) Es de nacionalidad venezolana, residente de la ciudad de Caracas, abogada, profesora y Directora Ejecutiva de COFAVIC, “organización que inició su trabajo a raíz de los sucesos del Caracazo en 1989, [y] con ese trabajo ha documentado más de 280 investigaciones sobre crímenes de derechos humanos en Venezuela, litiga casos ante el sistema interamericano de derechos humanos y también hace trabajo de prevención en materia de sensibilización de opinión pública y concientización de sectores y formas organizadas de la sociedad civil venezolana”; b) Luego de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Caracazo, COFAVIC comenzó a recibir una serie de amenazas y actos de hostigamiento que se han ido incrementando consecutivamente, especialmente luego de los sucesos de abril de 2002 y en relación con su trabajo como litigante ante el sistema interamericano, razón por la cual empezó a ser objeto de una campaña sistemática de llamadas telefónicas, correos electrónicos y presencia de personas que amenazaban contra la vida y la integridad de varios de sus miembros; c) En una ocasión, mientras desempeñaban labores en el Estado Falcón, el grupo de investigación de COFAVIC “fue abordado por unos ocho funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales” de dicho Estado, quienes “intentaron amedrentarles y hacerles desistir de la labor que estaban haciendo” y que consistía en “recopilar información y reunir a las víctimas de ejecuciones, de presuntos parapoliciales en ese Estado […]”; d) Las actividades de COFAVIC se han visto afectadas por la violencia que se vive cerca de la zona donde se encuentran ubicadas sus oficinas, y por la falta de garantías de seguridad. A los miembros de COFAVIC se les llama asesinos y son ligados a grupos opositores para tratar de deslegitimar la labor que han desarrollado en Venezuela por más de 14 años. En la adyacencia de la Alcaldía del Municipio El Libertador había un afiche con una fotografía de Liliana Ortega con un texto que reza: “reconócelos por traidores a la Patria, golpistas”; e) “[D]esde las medidas provisionales, no h[a] tenido ninguna reunión con el Estado de Venezuela [en que] se haya podido concretar las medidas de protección […] solicitad[as]”. “[L]a protección policial [a COFAVIC] ha sido totalmente incierta, [y] a pesar de que la Policía Metropolitana ha hecho sus mejores esfuerzos para cumplir con la protección, […] el Ministerio de[l] Interior y Justicia y el Ministerio de la Defensa permanentemente han obstaculizado la posibilidad de que esa protección fuese regular y fuese realmente efectiva”; f) Se han consignado ante la Fiscalía General de la República y ante el Ministerio Público las “pruebas que reflejan estos actos de hostigamiento y amedrantamiento”. Sin embargo, el “Ministerio Público mantiene a los fiscales comisionados”, quienes “durante nueve meses no han adelantado de manera significativa las investigaciones”. El 30 de enero de 2003 se solicitó