RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE 15 DE DICIEMBRE DE 2020 CASO MASACRE DE LA ALDEA LOS JOSEFINOS VS. GUATEMALA VISTO: 1. El escrito de sometimiento del caso y el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”); el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante el “escrito de solicitudes y argumentos”) de los representantes de las presuntas víctimas (en adelante “los representantes; el escrito de interposición de excepción preliminar y contestación al sometimiento del caso y al escrito de solicitudes y argumentos (en adelante “escrito de contestación”) de la República de Guatemala (en adelante “Guatemala” o “el Estado”). 2. Las listas definitivas de declarantes presentadas por la Comisión y los representantes, así como las correspondientes observaciones a dichas listas presentadas por las partes. 3. La nota de Secretaría 8 de diciembre de 2020 relativa a la procedencia del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Fondo de Asistencia Legal de Víctimas”). CONSIDERANDO QUE: 4. El ofrecimiento y la admisión de la prueba, así como la citación de presuntas víctimas, testigos y peritos, se encuentran regulados en los artículos 35.1.f, 40.2.c, 41.1.c, 46, 47, 48, 49, 50 y 57 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”). 5. La Comisión solicitó el traslado e incorporación al presente caso de tres declaraciones periciales presentadas, respectivamente, en los casos Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal Vs. Guatemala, Masacres de Río Negro Vs. Guatemala y Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala (infra Considerando 12). 6. Los representantes ofrecieron las declaraciones de tres presuntas víctimas, una declaración testimonial y una declaración pericial para rendirse en audiencia, así como cinco declaraciones de presuntas víctimas y dos declaraciones periciales por affidavit. Asimismo, solicitaron la sustitución de la perita María Luisa Cabrera Pérez Armiñán por la perita Marian de Villagrán. 7. Por último, el Estado no ofreció ningún declarante. 8. La Corte garantizó a las partes el derecho de defensa respecto de los ofrecimientos probatorios oportunamente realizados. En la oportunidad para presentar observaciones a las

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