24 de mayo de 2019
REF.:

Caso Nº 12.738
Opario Lemoth Morris y Otros (Buzos Miskito)
Honduras

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
el objeto de presentar ante la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos el Caso Nº 12.738 – Opario
Lemoth Morris y Otros (Buzos Miskitos) respecto de la República de Honduras (en adelante “el Estado”, “el Estado
hondureño” u “Honduras”).
El presente caso se relaciona con la afectación de múltiples derechos en perjuicio de un grupo de personas
pertenecientes al pueblo indígena Miskito que habitan en el departamento de Gracias a Dios. La Comisión concluyó
que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de 34 buzos miskito que sufrieron accidentes debido a las
sumersiones profundas que realizaban y que les generaron el síndrome de descompresión. Asimismo, la CIDH
consideró que el Estado violó el derecho a la vida de los doce buzos miskito que fallecieron momentos después de
dichos accidentes. Ello, en tanto la omisión e indiferencia del Estado frente a la problemática de explotación laboral
por parte de empresas pesqueras y la realización del buceo en condiciones peligrosas que dio lugar a dichos
accidentes, se vio materializada en la falta de fiscalización adecuada, lo que fue calificado por la CIDH como una falta
absoluta de prevención. Además, por su especial gravedad y nivel de abandono por parte del Estado durante un
periodo prolongado con pleno conocimiento de la situación y de sus consecuencias, la Comisión entendió que la
omisión del Estado también puede entenderse como una forma de tolerancia.
Adicionalmente, la CIDH consideró que el Estado vulneró el derecho a la vida de siete buzos miskitos luego
de que la embarcación pesquera donde se encontraban se incendiara producto de la explosión de un tanque de
butano. La Comisión identificó que sólo se recuperaron los restos de uno de dichos buzos mientras que se desconoce
el paradero de los otros seis. La Comisión también concluyó que se vulneró el derecho a la vida y los derechos de
un niño de 16 años de edad, quien desapareció mientras trabajaba para una embarcación pesquera. Por otro lado,
la CIDH consideró que el Estado hondureño, a pesar de tener conocimiento de la situación de los buzos y la situación
perversa de las relaciones laborales en las que se encontraban, no adoptó medidas deliberadas, concretas y
orientadas a la realización del derecho al trabajo, a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias del mismo, así
como a la salud y a la seguridad social.
Además, tomando en cuenta los múltiples factores de vulnerabilidad de las víctimas vinculados a su
pertenencia a un pueblo indígena históricamente excluido, en situación de pobreza extrema y siendo muchas
víctimas personas con discapacidad, la Comisión consideró que el Estado también es responsable por la violación del
principio de igualdad y no discriminación. La CIDH también concluyó que el Estado no adoptó ninguna medida para
brindar una protección integral a las víctimas sobrevivientes con discapacidad. Finalmente, la Comisión consideró
que el Estado no contó con mecanismos administrativos, judiciales y de otra índole para responder adecuada y
efectivamente a las violaciones declaradas en el informe de fondo.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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