c) la formación en grado y postgrado en la Caja Petrolera de Salud, la cual contempla los temas relativos a “la atención al paciente, el cumplimiento en los procedimientos del consentimiento informado, la no discriminación basada en género y estereotipos; y violencia de género”, además de que dichos aspectos también “son parte de la formación de los recursos humanos en salud”; d) la realización de un taller de socialización de la Sentencia al cual asistieron sesenta representantes de instituciones académicas del área de salud, centros hospitalarios públicos y privados; instituciones de seguros a corto plazo, y autoridades sanitarias del nivel central, departamental y municipal 50, y e) la eventual inclusión de la Sentencia como contenido obligatorio de la malla curricular de la Residencia Médica en Bolivia 51. 31. La Corte advierte que el Estado también manifestó el compromiso de: i) la Dirección General de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación, de dictar una resolución ministerial que contemple la incorporación de “la temática de derechos sexuales y reproductivos/consentimiento informado y el caso I.V.” en el contenido curricular de las universidades privadas 52, y ii) los diversos órganos gubernamentales competentes (Procuraduría General del Estado, sectores de salud, Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria y Ministerio de Educación) para implementar los programas de formación y capacitación a nivel nacional dispuestos por la Corte. No obstante, el Estado no añadió información relativa a la implementación de los referidos compromisos. Bolivia solicitó que el Tribunal declare el cumplimiento parcial de la medida, precisando que ésta “es de carácter programático, razón por la que se requiere de mayor tiempo para poder reportar avances significativos”. 32. Por su parte, los representantes consideraron que el Estado no ha dado cumplimiento cabal a la presente garantía de no repetición y no ha demostrado “[su implementación] de manera efectiva”. Al respecto, informaron que en marzo de 2019 realizaron entrevistas a decanos, directores, jefes o asesores de las carreras de medicina que se dictan en cuatro universidades públicas y en cuatro universidades privadas ubicadas en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz 53, y que los resultados de dichas entrevistas revelaron que: a) al menos en el año 2018, no existían vínculos de las respectivas universidades con el Ministerio de Salud; b) solamente una de las autoridades universitarias entrevistadas tenía conocimiento del presente caso; c) “la totalidad de las personas entrevistadas manifestó que no conocía y que no se había coordinado con los Ministerios de Educación [y/]o Salud algún 50 El Estado cursó invitaciones al referido Taller a las autoridades de las siguientes instituciones: Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz, Hospital Municipal Corea, Hospital del Niño, Hospital Obrero, Hospital de la Mujer, Hospital de Clínicas, Hospital Agramont, Hospital Municipal Boliviano Holandés, Hospital Los Pinos, Hospital del Norte, Hospital San Francisco de Asís, Hospital San Gabriel, Hospital Juan XXIII, Hospital Materno Infantil Los Andes, Hospital La Paz, Hospital Materno Infantil, Hospital Arco Iris, Caja Petrolera de Salud, Caja de Salud Cordes, Caja de la Banca Privada, Caja Nacional de Salud, Ministerio de Salud, Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, Gobierno Municipal de La Paz y Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Cfr. Informe estatal de 1 de abril de 2019. 51 Al respecto, no indicó la fecha en la que se concretaría dicha disposición. Cfr. Acta de reunión del Comité Nacional de Integración Docente Asistencial Investigación e Interacción Comunitaria de 6 de septiembre de 2019 CNIDAIIC (anexo 7 al informe estatal de 7 de octubre de 2019). 52 El Estado informó que el 2 de julio de 2019 se realizó una reunión en la que participaron representantes de la Procuraduría General del Estado y del Viceministerio de Educación Superior y Formación Profesional, en la que acordaron también concertar un nuevo encuentro el 30 de julio de aquel a��o para avanzar en la emisión de la referida resolución ministerial. Cfr. Acta de reunión y lista de asistencia 2 de julio de 2019 (anexo 8 al informe estatal de 7 de octubre de 2019). 53 Las entrevistas fueron realizadas en instituciones educativas públicas (Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Universidad Pública de El Alto, Universidad San Simón de Cochabamba, Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz) y privadas (Universidad del Valle de La Paz, Universidad Franz Tamayo de El Alto, Universidad del Valle de Cochabamba y Universidad Franz Tamayo de Santa Cruz). Cfr. Escrito de los representantes de 28 de marzo de 2019. -14-

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