93.
En relación con lo anterior, el Tribunal recuerda que el derecho a la salud se refiere al
derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Este
derecho abarca la atención de salud oportuna y apropiada conforme a los principios de
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El cumplimiento de la obligación del Estado
de respetar y garantizar este derecho deberá dar especial cuidado a los grupos vulnerables y
marginados, y deberá realizarse de conformidad con los recursos disponibles de manera
progresiva y de la legislación nacional aplicable. En ese sentido, el Tribunal advierte que en al
menos tres ocasiones, el 29 de agosto de 1990, el 27 de septiembre de 1990, y el 24 de octubre
de 1990, el señor Hernández no pudo ser internado en el hospital correspondiente en virtud de la
falta de disponibilidad de camas. Asimismo, el Tribunal constata que como consecuencia de la
imposibilidad de internación del señor Hernández por el motivo antes expuesto, existieron lapsos
de tiempo prolongado, atendiendo a la naturaleza de la enfermedad que padeció, en que dejó de
recibir atención médica. La Corte advierte que la falta de disponibilidad de camas y la consecuente
imposibilidad de proveerle atención médica inmediata representaron un problema de
disponibilidad y accesibilidad en los servicios de salud.
94. Por otro lado, la Corte recuerda que el señor Hernández padeció sufrimientos y afectaciones
a su salud y sus capacidades físicas y psíquicas como resultado de su enfermedad, las cuales
continuaron aún después de haber obtenido su libertad. Lo anterior se verifica por los informes
médicos que fueron presentados al Juez de la Causa donde se manifiesta que la presunta víctima
sufrió “deshidratación y mal estado en general”, “disminución de agudeza visual”, “compromiso
del motor ocular común derecho”, “disminución de la consistencia de masas musculares”,
“marcada ataxia de tronco que le prohíbe la deambulación sin sostén”, así como por las
afectaciones neurológicas permanentes que consistieron en la pérdida de la visión de un ojo,
incapacidad parcial y permanente del miembro superior izquierdo, y pérdida de la memoria.
Asimismo, la Corte recuerda que la propia madre del señor Hernández manifestó el 23 de octubre
de 1990 ante el Juez de la Causa que la enfermedad que padecía había dejado a su hijo
“prácticamente irrecuperable”. En ese sentido, no le queda duda a este Tribunal respecto a que
el señor Hernández sufrió graves daños a su salud como resultado de la enfermedad que contrajo
mientras se encontraba detenido y que continuaron con posterioridad al cumplimiento de la pena.
95. En el presente caso, no está controvertido que el daño sufrido en la salud por parte del señor
Hernández tiene un nexo causal con la enfermedad que padeció mientras estuvo bajo la custodia
estatal, y correspondía al Estado aportar elementos probatorios que demostrasen la provisión de
un tratamiento adecuado y oportuno mientras la presunta víctima estuvo privada de su libertad,
lo cual no ocurrió en el presente caso. En ese sentido, debido a que el Estado incumplió con su
carga probatoria de demostrar que otorgó un tratamiento médico adecuado al señor Hernández
mientras se encontraba detenido, de forma tal que desvirtuara los alegatos relacionados con la
falta de atención médica y las secuelas para su integridad personal, así como por los problemas
de calidad accesibilidad y disponibilidad en los servicios de salud, el Tribunal concluye que las
afectaciones físicas y psicológicas que sufrió el señor Hernández como resultado de su enfermedad
mientras se encontraba detenido son atribuibles al Estado y generan responsabilidad internacional
por la violación al derecho a la salud.
B.5. Conclusión
96. La Corte concluye que la integridad personal del señor Hernández se vio afectada como
consecuencia de que se le mantuvo privado de libertad en una cárcel que no tenía espacio
suficiente para albergar al número de reclusos, y de que las autoridades no cumplieron de modo
oportuno con las órdenes del Juez de la Causa de brindarle atención médica una vez denunciada
su condición de salud. Estos hechos constituyeron tratos degradantes en términos del artículo 5.2
de la Convención. Adicionalmente, no existe duda respecto a que la salud del señor Hernández se
vio gravemente afectada como resultado de la meningitis T.B.C. que contrajo mientras estuvo
detenido en la Comisaría de Monte Grande entre el 7 de febrero de 1989 y el 3 de agosto de 1990,
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