El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977 y
aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984. Asimismo, depositó la ratificación del
Protocolo de San Salvador el 25 de marzo de 1993 y de la Convención de Belém do Pará el 15 de septiembre de
1995.
La Comisión ha designado a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, al Secretario Ejecutivo
Paulo Abrão y a la Relatora Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Soledad
García Muñoz, como sus delegadas y delegado. Asimismo, Silvia Serrano Guzmán, Paulina Corominas Etchegaray
y Luis Carlos Buob Concha, abogadas y abogado de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesoras y
asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia
del Informe de Fondo N° 110/18 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la
totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración
del informe N° 110/18 (Anexos). Dicho informe de fondo fue notificado al Estado mediante comunicación de 7
de noviembre de 2018, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones.
El 9 de enero de 2019, el Estado presentó un informe de cumplimiento de las recomendaciones; sin
embargo, no solicitó la suspensión del plazo previsto en el artículo 51.1 de la Convención Americana para el
sometimiento del caso ante la Corte, con la correspondiente renuncia a interponer excepciones preliminares
respecto del cumplimiento de dicho plazo. En virtud de lo anterior, la Comisión Interamericana somete a la
jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones de derechos humanos descritos en el Informe de
Fondo N° 110/18, por la necesidad de obtención de justicia y reparación.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Corte que concluya y declare la responsabilidad internacional del
Estado de Ecuador por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, autonomía
y dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no
discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 11, 19,
24 y 26 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones tanto de respeto como de garantía
establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento; en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador y en los
artículos 7 a) y 7 b) de la Convención de Belém do Pará, todos en perjuicio de Paola del Rosario Guzmán
Albarracín. De igual manera, que concluya y declare la responsabilidad internacional de Ecuador por la violación
a la integridad personal, a las garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1,
así como el derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 de la Convención Americana,
en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo 7.b de la Convención de Belém de Pará, en
perjuicio de los familiares de Paola, individualizados en el Informe de Fondo N° 110/18.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte que establezca las siguientes medidas de reparación:
1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el Informe de
fondo N°110/18, tanto en el aspecto material como moral. El Estado deberá adoptar las medidas
de compensación económica y satisfacción.
2. Brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico psicológico, psicosocial o
psiquiátrico, según corresponda, a los familiares de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, de ser
su voluntad y de manera concertada.
3. Llevar a cabo con la debida diligencia y en un plazo razonable, las investigaciones y procesos
penales correspondientes, con el fin de individualizar, identificar, juzgar y, en su caso, sancionar
a los responsables.
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