REF.: Caso Nº 12.229
Familiares de Digna Ochoa y Plácido
México

2 de octubre de 2019

Señor Secretario:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de
Derechos Humanos el Caso Nº 12.229 – Familiares de Digna Ochoa y Plácido respecto de los Estados
Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado”, “el Estado mexicano” o “México”). La Comisión estableció
la existencia de un contexto de amenazas y agresiones en contra de las personas defensoras de
derechos humanos a la época de los hechos y que el caso de Digna Ochoa y Plácido se encontraba
plenamente identificado por el Estado mexicano. Según la Comisión, tanto la incidencia de esta
situación en el estado de Guerrero como los altos índices de impunidad de casos que involucraban a
militares hacían parte de dicho contexto.

La CIDH determinó que desde el día de la muerte de la defensora Digna Ochoa el 19 de octubre
de 2001, el Estado comenzó una investigación en la jurisdicción penal, que duró alrededor de diez
años, en la que se practicaron un alto número de diligencias forenses, químicas, balísticas, informes
psicológicos, se tomaron pruebas testimoniales, documentales, fotográficas, entre otras. En su
informe, la Comisión analizó la debida diligencia en la investigación por la muerte de la señora Ochoa
en relación con el registro de la información médico forense, los peritajes psicológicos aplicados, la
cadena de custodia de la prueba, la conformación de la prueba testimonial, las líneas lógicas de
investigación, la conducción de la investigación, el plazo razonable entre otros aspectos clave en la
investigación en perjuicio de los familiares de Digna Ochoa.

El análisis jurídico la Comisión determinó la existencia de una serie de irregularidades graves
en la investigación en función de la imparcialidad del órgano investigador en la primera etapa de la
investigación que determinó que la muerte de la señora Ochoa fue un suicidio, omisiones en el
registro de los fenómenos cadavéricos que no fueron subsanadas y lesiones no advertidas en los
diversos exámenes médicos, contradicciones en las pruebas de balística y evidencia de un mal manejo
de la cadena de custodia de la prueba. De otro lado, la CIDH también observó la obstaculización de la
participación de los familiares de la señora Ochoa en las investigaciones, lo que a su vez generó un
impacto en el plazo razonable de las investigaciones.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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