Asimismo, la CIDH encontró que la prueba testimonial fue integrada sin considerar las
posibles repercusiones y protecciones a los testigos, que un testigo clave que gozaba de medidas
cautelares por parte de la CIDH y que sindicó a un responsable fue asesinado sin que esto hubiera
abierto una nueva línea de investigación, que los hechos de hostigamiento experimentados por la
señora Digna Ochoa en su labor de defensora de derechos humanos no fueron debidamente
considerados en las líneas lógicas, que los peritajes psicológicos guardaron un peso desmedido en la
investigación y que el descarte de un testimonio clave sobre un hecho de acoso por parte de militares
días antes de la muerte de la señora Ochoa fue descartado sobre la base de prejuicios contra personas
defensoras de derechos humanos.

Tomando todos estos elementos en su conjunto, la CIDH concluyó que el Estado era
responsable por la vulneración del derecho a la protección judicial y las garantías judiciales de los
familiares de Digna Ochoa, consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en
relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. Asimismo, por el sufrimiento debido al
desconocimiento de las causas de la muerte de la señora Ochoa y el retardo en las investigaciones,
también se declaró la violación del artículo 5.1 de la Convención también en contra de sus familiares.
El Estado depositó su instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 16 de
diciembre de 1998.
La Comisión ha designado a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y al Secretario
Ejecutivo Paulo Abrão, como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva
Adjunta, Jorge Meza Flores y Piero Vásquez Agüero, abogada y abogados de la Secretaría Ejecutiva de
la CIDH, actuarán como asesora y asesores legales.

De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión
adjunta copia del Informe Nº 61/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así
como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice 1) y los anexos
utilizados en la elaboración del citado informe. Dicho Informe de Fondo fue notificado a México el 2
de julio de 2019, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las
recomendaciones. El Estado mexicano dio respuesta al Informe de Fondo el 24 de septiembre de
2019 e indicó su voluntad de cumplir las recomendaciones. Informó sobre reuniones de coordinación
intergubernamental realizadas, y señaló que el cumplimiento de la recomendación consistente en la
reapertura de la investigación penal, reviste complejidades de naturaleza técnica, de conformidad
con el marco jurídico nacional. Sin embargo, el Estado no presentó avances en relación con el
cumplimiento de las recomendaciones del informe de fondo y no solicitó la prórroga a la CIDH para
el envío del caso a la Corte ni renunció a la interposición de excepciones preliminares por el
vencimiento del plazo para la realización de dicha remisión al Tribunal.
En virtud de lo anterior, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte Interamericana ante la
necesidad obtención de justicia, en particular, a través del esclarecimiento de forma completa de la
muerte de una defensora de derechos humanos Digna Ochoa mediante la reapertura de una
investigación penal que permita subsanar las violaciones establecidas en el informe de fondo. La
Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte la totalidad de los hechos y violaciones
de derechos humanos descritos en el Informe de Fondo Nº 61/19.
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