28 La vida de las familias cambió mucho después de la incursión paramilitar en El Aro. Para reconstruir sus vidas tuvieron que empezar desde cero, “aguantando hambre”. Mucha gente no volvió, sobretodo los que perdieron a sus familiares. Mucha gente no se ha podido recuperar, y al estar ya ancianos se les hace mucho más difícil alcanzar una recuperación económica. Algunos de los hijos de las presuntas víctimas no pudieron continuar sus estudios. Muchos familiares continúan con miedo, muchos no han podido encontrar trabajo, viven enfermos y con mucha tristeza, “como si ya no quisieran vivir”, y los niños en las noches se levantan gritando por pesadillas. La unión familiar se desintegró. A raíz de los hechos, algunos familiares sufrieron traumas sicológicos. c) Testimonios propuestos por el Estado 1. Jorge Armando Otalora Gómez, Vicefiscal General de la Nación A partir de los hechos de La Granja tanto la Policía como la Fiscalía Seccional de Ituango iniciaron investigaciones preliminares de los homicidios ocurridos en dicho corregimiento los días 11 y 12 de junio de 1996. Dada “la gravedad de los hechos y complejidad geográfica y de orden público”, el 20 de noviembre de 1996 la Fiscalía General de la Nación decidió reasignar a la Unidad Nacional de Derechos Humanos la investigación de los hechos. El 17 de junio de 1999 “una vez evaluado el acervo probatorio recaudado, se dio inicio a la etapa instructiva y se ordenó vincular formalmente” al Subteniente del Ejercito Nacional y Comandante de la Policía de Ituango, el señor José Vicente Castro; al Teniente del Ejercito Nacional y Comandante del Batallón Girardot, con sede en Ituango, Jorge Alexander Sánchez Castro; y a los civiles Jaime Angulo Osorio, Francisco Angulo Osorio, Hernando de Jesús Álvarez Gómez, Manuel Remigio Fonnegra Piedrahita y Carlos Castaño Gil, este último “miembro de las autodefensas unidas de Colombia”. Como resultado de las indagaciones de una comisión judicial de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de las pruebas practicadas por ésta en el lugar de los hechos, “la Fiscalía General de la Nación halló mérito para vincular como presuntos responsables de los hechos” a los señores Carlos Antonio Carvajal Jaramillo, Jairo Castañeda, Gilberto Tamayo Rengifo, Orlando de Jesús Mazo Mazo e Isaías Montes Hernández, alias “Junior”, este último “jefe de las autodefensas del noroeste antioqueño”. “[L]os resultados de la actividad judicial de la Fiscalía General” en el lapso comprendido entre el 23 de diciembre de 2002 hasta el 5 de mayo de 2003 “permitieron imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación en contra de” las siguientes personas: Carlos Antonio Carvajal Jaramillo, por los delitos de extorsión y concierto para delinquir, Gilberto Tamayo Rengifo, por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo y extorsión, Hernando de Jesús Álvarez Gómez, por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y terrorismo, Jairo Castañeda, por el delito de concierto para delinquir, Orlando Mazo Mazo por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y terrorismo e Isaías Montes Hernández, por el delito de concierto para delinquir, extorsión y terrorismo. El 14 de noviembre de 2003 se condenó al señor José Vicente Castro a 31 años de prisión, decisión que fue revocada por el Tribunal Superior de Antioquia el 12 de julio de 2004. El 8 de julio de 2005 el Juzgado Primero Especializado de Antioquia condenó a los señores Jorge Alexander Sánchez Castro a 31 años de prisión; Orlando De Jesus Mazo Mazo a 12 años de prisión; Gilberto Antonio Tamayo Rengifo a 12 años de prisión; y Carlos Antonio Carvajal Jaramillo a 7 años de prisión, todos ellos por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. En el caso del señor José Vicente Castro, la decisión que lo absolvió se encuentra en revisión ante la Corte Suprema de Justicia. En el caso de Hernando de Jesús