-8126.000,00, a ejecutar en enero de 2018, para que el INA proceda a “desarrollar las giras de trabajo para efectuar conjuntamente con el Instituto de la Propiedad el avalúo de tierras y mejoras, y el amojonamiento en los lotes a expropiar en Triunfo de la Cruz de todos los propietarios afectados por la Sentencia como labor posterior a la presentación de las declaraciones juradas”. No obstante, informó que “dicha actividad no podrá ser desarrollada [en el 2017], a causa de la actual situación política en el país”, y que “se está trabajando en un plan de trabajo con proyección para el año 2020”. 17. En la audiencia privada celebrada el 29 de noviembre de 2018, el Estado informó que al 31 de octubre de 2018, el avance que había tenido el trabajo de campo oscilaba “entre un 60 y 75% en lo que respecta a los avalúos y medición de lotes a evaluar, quedando pendiente reiniciar actividades en el mes de enero de 2019, una vez que se realicen los trámites de transferencia de fondos para la recontratación del personal técnico”. Refirió que contaba con la mayoría de las declaraciones juradas de los predios incluidos en el Lote A1 y que “las mismas describen preliminarmente montos que superan los […] USD 105.500.000,00”, motivo por el cual sometió a consideración “de los representantes y las comunidades que […] se excluyan los predios pertenecientes a Marbella y Playa Escondida […] debido al alto costo de las expropiaciones […] y el atraso que provocaría en el avance del cumplimiento, siendo compensado con terrenos dentro de la misma zona, con mejores cualidades agrícolas”, ello “en los términos del párrafo 262 de la Sentencia”. 18. Los representantes objetaron el procedimiento adoptado por el Estado en cuanto al avalúo de las tierras, en tanto “el Estado ha solicitado a los supuestos poseedores una declaración jurada a la que está dando plena legitimidad y validez; dando por sentado que los valores consignados en esas declaraciones son los valores reales y con los que el Estado estaría tramitando la expropiación”, procedimiento que calificaron de “anómalo pues se está apartando de lo establecido en su propio derecho interno en el que según la ley de expropiación, artículo 3, se exige la declaratoria previa de necesidad y utilidad pública”. Asimismo, precisaron que “la referencia sobre precios impagables es una excusa no admisible en materia de garantía y respeto por los derechos humanos”, e indicaron que “continúan las acciones de terceros, con la aquiescencia estatal, que están generando afectaciones”, detallando que “aún no se ha podido acceder a las áreas de siembra porque todavía hay Guardas de Seguridad privada armados, vigilando el Lote A 1 y demás tierras ocupadas por terceros” y que “[e]n el sector de Playa [E]scondida siguen autorizándose y tolerándose construcciones y el tanque de la represa de la comunidad está en peligro de destruirse por excavaciones que a esta fecha están realizando los poseedores terceros” 21. 19. En la audiencia privada celebrada el 29 de noviembre de 2018, los representantes rechazaron la propuesta del Estado de otorgarles tierras alternativas, recalcando que Honduras no había planteado una posición con “elementos objetivos” que justificara dicho ofrecimiento. Manifestaron que “las actuaciones del gobierno […] son tardías y solo se dan en ocasión de que la […] Corte les pide un informe o les invita a una audiencia”, que eran actuaciones “muy básicas” y “de mero trámite” ya que el Estado no había realizado “ningún acto administrativo, no se ha emitido ninguna sentencia, no se ha emitido ninguna ley, no se ha emitido ninguna resolución que tenga efecto jurídico para considerar que da cumplimiento a la sentencia”. Además, informaron que “no se ha iniciado el proceso de marcación de tierras tituladas o en garantía de ocupación de forma consensuada” con la Comunidad. También controvirtieron que hubiese habido avances en el cumplimiento de la sentencia, e indicaron que podían dar fe solamente de tres semanas de trabajo, a partir del acompañamiento efectuado por la Comunidad, rechazando el restante en tanto no habían participado y no podían dar fe del mismo, por lo que solicitaron “una revisión realmente del trabajo que se 21 Escrito de observaciones de los representantes de 24 de febrero de 2018.