peticionarios alegan que la CSJ actuó como juez y parte en el conflicto laboral que se
desarrolló entre dicha institución y los trabajadores, en violación a las garantías judiciales.
3.
El Estado argumenta que no hubo violación a los derechos en cuestión toda vez
que la negativa en el proceso y recursos interpuestos por los peticionarios no implican
negación de justicia, parcialidad, ni dependencia de los jueces que resolvieron sobre los
mismos.
4.
A consecuencia del análisis de los argumentos presentados por las partes, de
acuerdo a los requisitos de admisibilidad previstos en la Convención, la Comisión ha decidido
declarar admisible la petición en lo relativo a las presuntas violaciones a los artículos 1(1), 2,
8, 16, 24 y 25 de la Convención Americana.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5.
El 7 de septiembre de 2000 los peticionarios presentaron la petición ante la
Comisión Interamericana. El 1º de febrero del 2002 la Comisión dio trámite a la petición y
envió las partes pertinentes de la petición al Estado, otorgándole un plazo de 2 meses para
presentar sus observaciones.
6.
El 2 de abril de 2002 el Estado envió su respuesta con relación a la presente
denuncia, en la cual argumenta que se proveyó a los peticionarios pleno acceso a la justicia,
a los recursos de la jurisdicción interna guatemalteca y que las resoluciones de los órganos
jurisdiccionales competentes se emitieron de acuerdo al ordenamiento jurídico interno.
7.
El 8 de julio de 2002 la Comisión remitió la respuesta del Estado guatemalteco
a los peticionarios.
8.
El 5 de agosto de 2002 los peticionarios presentaron sus observaciones a la
respuesta enviada por el Estado sobre los hechos.
9.
El 4 de abril del 2003 los peticionarios presentaron un escrito, solicitando a la
Comisión que se declarara la admisibilidad de la petición.
III.
A.

POSICIÓN DE LAS PARTES
Posición de los peticionarios

10.
Los peticionarios señalaron que en agosto de 1992 se celebró y suscribió el
último Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Organismo Judicial y el Sindicato
de Trabajadores del Organismo Judicial (en adelante “STOJ”), el cual entró en vigencia el 20
de noviembre del mismo año. La duración del pacto colectivo era de dos años. En Guatemala
las condiciones de trabajo que rigen a los trabajadores del Organismo Judicial se establecen
a través de un pacto colectivo.
11.
Desde el 18 de octubre de 1994 los extrabajadores denunciaron ante la
Inspección General del Trabajo el pacto existente desde 1992, con el propósito de iniciar una
negociación con el Organismo Judicial de un nuevo instrumento colectivo de trabajo. Los
peticionarios realizaron numerosas gestiones directas con la parte empleadora, trámites
administrativos y actuaciones judiciales procurando impulsar un proceso de negociación
colectiva con la parte empleadora.

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