19 de junio de 2020
REF.:

Caso Nº 12.302
Hermanos Casierra y familia
Ecuador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con
el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso 12.302
– Hermanos Casierra y familia, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o
“Ecuador”) relacionado con la muerte de Luis Eduardo Casierra Quiñonez y las lesiones de Andrés Alejandro Casierra
Quiñonez por parte de agentes de la Armada Nacional en diciembre de 1999, y la situación de impunidad de lo
sucedido.
En su Informe de Fondo la Comisión consideró que no existe controversia respecto de que Luis Eduardo
Casierra fue herido y luego falleció, y que Andrés Alejandro Casierra resultó herido como consecuencia del uso de la
fuerza letal por parte agentes de la Armada Nacional. La CIDH consideró que el Estado no aportó una explicación
satisfactoria sobre el uso de la fuerza letal, que fuera el resultado de una investigación independiente, imparcial y
con la debida diligencia. Asimismo, la Comisión concluyó que el uso de la fuerza empleado por el Estado no tuvo una
finalidad legítima, y resultó innecesario y desproporcionado. En vista de lo anterior, la Comisión concluyó que el
Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida e integridad personal de Luis Eduardo,
y del derecho a la integridad personal de Andrés Alejandro.
Adicionalmente, la Comisión observó que la investigación seguida a los miembros de la Armada Nacional
que participaron de la muerte y lesiones de los hermanos Casierra se llevó a cabo ante la jurisdicción penal militar.
La CIDH resaltó que, tratándose de violaciones de derechos humanos y puntualmente de violaciones de los derechos
a la vida e integridad personal, los hechos no podían ser considerados posibles delitos de función y, por lo tanto, la
investigación debió adelantarse en el fuero ordinario. En virtud de lo señalado, la Comisión concluyó que, al aplicar
la justicia penal militar al presente caso, el Estado ecuatoriano violó los derechos a las garantías judiciales y
protección judicial, específicamente el derecho a contar con una autoridad competente, independiente e imparcial,
así como a contar con un recurso judicial adecuado y efectivo.
Finalmente, la Comisión concluyó que el Estado vulneró el derecho a la integridad personal de los familiares
de los hermanos Casierra identificados en el Informe de Fondo. Ello, en tanto la pérdida de un ser querido y las
lesiones de otro, así como la ausencia de verdad y justicia, ocasionaron sufrimiento y angustia en perjuicio de sus
familiares.

Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

Select target paragraph3