26 de octubre de 2020
REF.:

Caso Nº 12.593
Víctor Henry Mina Cuero
Ecuador

Señor Secretario:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso
12.593 – Víctor Henry Mina Cuero, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano”
o “Ecuador”).
El presente caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones
en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución del policía Víctor Henry Mina Cuero. La
Comisión determinó que el Estado violó el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada,
de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa y de ser asistido por un abogado defensor de su
elección. Esto, debido a que el Estado no logró demostrar que la víctima fue notificada con información clara y
detallada sobre la apertura de un procedimiento en su contra y los fundamentos fácticos y legales antes de
rendir su primera declaración el 17 de septiembre de 2000 o antes de la audiencia celebrada el 25 de octubre
de 2000. Asimismo, en el marco de esta audiencia, el órgano disciplinario se refirió de manera genérica a las
infracciones de la víctima sin que exista claridad sobre las razones por las que se inició el proceso. Por otra
parte, la víctima rindió declaración ante la Policía Judicial el 18 de septiembre de 2000 sin contar con asistencia
jurídica.
Asimismo, la CIDH determinó que el Estado violó el principio de presunción de inocencia porque en la
decisión sancionatoria se tomaron en cuenta ciertos antecedentes de la víctima, tal como haber sido procesado
por homicidio en un proceso que culminó con sobreseimiento, y tener dos bajas de la policía que fueron
revocadas por el Tribunal Constitucional. Esto implicó que, para sancionar a la víctima, se tomara en cuenta el
haber sido sometida a procesos disciplinarios o penales que no culminaron en sanción. Por otra parte, la
Comisión concluyó que el Estado violó el principio de legalidad y el derecho a contar con una motivación
suficiente dado que la víctima fue sancionada con base en causales vagas como ejecutar actos que revelen falta
de consideración y respeto al superior, o realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior
siempre que el hecho no constituya delito. En la motivación del Tribunal de Disciplina no se indica de qué
manera lo sucedido se enmarca dentro de dichas causales, ni se efectúa valoración alguna sobre la imposición
de la sanción más grave.
Finalmente, la CIDH determinó que el Estado violó el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la
protección judicial tomando en cuenta que el amparo interpuesto por la víctima tras su destitución fue
denegado, indicándose que la sanción fue impuesta en observancia de todas las normas constitucionales, sin
realizar un examen integral tanto de aspectos de hecho como de derecho respecto de la decisión.
Señor
Pablo Saavedra Alessandri
Secretario
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José, Costa Rica

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