26 de octubre de 2020 REF.: Caso Nº 12.593 Víctor Henry Mina Cuero Ecuador Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso 12.593 – Víctor Henry Mina Cuero, de la República de Ecuador (en adelante “el Estado”, “el Estado ecuatoriano” o “Ecuador”). El presente caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por una serie de violaciones en el marco del proceso disciplinario que culminó con la destitución del policía Víctor Henry Mina Cuero. La Comisión determinó que el Estado violó el derecho a conocer previa y detalladamente la acusación formulada, de tener el tiempo y los medios adecuados para la defensa y de ser asistido por un abogado defensor de su elección. Esto, debido a que el Estado no logró demostrar que la víctima fue notificada con información clara y detallada sobre la apertura de un procedimiento en su contra y los fundamentos fácticos y legales antes de rendir su primera declaración el 17 de septiembre de 2000 o antes de la audiencia celebrada el 25 de octubre de 2000. Asimismo, en el marco de esta audiencia, el órgano disciplinario se refirió de manera genérica a las infracciones de la víctima sin que exista claridad sobre las razones por las que se inició el proceso. Por otra parte, la víctima rindió declaración ante la Policía Judicial el 18 de septiembre de 2000 sin contar con asistencia jurídica. Asimismo, la CIDH determinó que el Estado violó el principio de presunción de inocencia porque en la decisión sancionatoria se tomaron en cuenta ciertos antecedentes de la víctima, tal como haber sido procesado por homicidio en un proceso que culminó con sobreseimiento, y tener dos bajas de la policía que fueron revocadas por el Tribunal Constitucional. Esto implicó que, para sancionar a la víctima, se tomara en cuenta el haber sido sometida a procesos disciplinarios o penales que no culminaron en sanción. Por otra parte, la Comisión concluyó que el Estado violó el principio de legalidad y el derecho a contar con una motivación suficiente dado que la víctima fue sancionada con base en causales vagas como ejecutar actos que revelen falta de consideración y respeto al superior, o realizar actos de manifiesta violencia o indisciplina contra un superior siempre que el hecho no constituya delito. En la motivación del Tribunal de Disciplina no se indica de qué manera lo sucedido se enmarca dentro de dichas causales, ni se efectúa valoración alguna sobre la imposición de la sanción más grave. Finalmente, la CIDH determinó que el Estado violó el derecho a recurrir el fallo y el derecho a la protección judicial tomando en cuenta que el amparo interpuesto por la víctima tras su destitución fue denegado, indicándose que la sanción fue impuesta en observancia de todas las normas constitucionales, sin realizar un examen integral tanto de aspectos de hecho como de derecho respecto de la decisión. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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