REF.: Caso Nº 13.263 Gino Ernesto Yangali Iparraguirre Perú 23 de mayo de 2021 Señor Secretario: Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Caso No. 13.263 – Gino Ernesto Yangali Iparraguirre, respecto de la República de Perú (en adelante “el Estado”, “el Estado peruano” o “Perú”), relacionado con la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos a las garantías y protección judiciales del señor Yangali Iparraguirre como consecuencia del incumplimiento de una sentencia judicial que ordenó el pago de una indemnización por daños y perjuicios a su favor por la destitución arbitraria de su cargo de magistrado de la Corte Superior de Justicia de Lima. En su Informe de Admisibilidad y Fondo la Comisión estableció que no existe controversia que los tribunales nacionales reconocieron que el señor Yangali debía recibir una indemnización por daños y perjuicios, debido a la destitución de su cargo como juez el año 1992. El 12 de mayo de 2014 el Décimo Juzgado Civil de Lima declaró fundada la demanda presentada por el señor Yangali. Ante un recurso de apelación interpuesto por la víctima, el 6 de abril de 2016 la Primera Sala Civil de Lima confirmó la decisión estableciendo además que no debía efectuarse descuento alguno a las sumas establecidas en primera instancia. Ante el incumplimiento de dicha decisión, el 5 de julio de 2018 el Décimo Juzgado Civil requirió a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Poder Judicial que cumplan con la sentencia. Por otra parte, el Procurador Público del Poder Judicial informó a la Gerencia de Administración y Finanza el 19 de septiembre de 2018 que la obligación reconocida en favor del señor Yangali había obtenido la calidad de cosa juzgada y que no procedía recurso ulterior, detallando el monto que debía pagarse. Sin embargo, hasta la fecha la sentencia permanece incumplida. En su informe la Comisión observó que el 11 de enero de 2019 el Estado informó que el pago se efectuaría basado en criterios de priorización. La Comisión observó que el Estado no adoptó ninguna medida desde la sentencia dictada en 2016 para el cumplimiento rápido y efectivo de lo ordenado por las autoridades judiciales, con el fin de garantizar la indemnización de daños y perjuicios reconocida judicialmente. La Comisión destacó además que en el presente caso se trata de una sola víctima y que ya existía una decisión judicial firme que debió haber sido cumplida, o en su defecto, ejecutada. Señor Pablo Saavedra Alessandri Secretario Corte Interamericana de Derechos Humanos San José, Costa Rica

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