3.
Los escritos presentados por el Estado los días 18 mayo de 2018, 17 de mayo y
17 de octubre de 2019 y 10 de enero de 2020, mediante los cuales presentó información
relacionada con las medidas provisionales ordenadas. En los últimos tres escritos, el
Perú solicitó a la Corte “evaluar la posibilidad de decretar el levantamiento de las
medidas provisionales dictadas en la Resolución de fecha 8 de febrero de 2018”.
4.
Los escritos presentados por los representantes de las víctimas 6 (en adelante “los
representantes”) los días 17 de junio y 21 de noviembre de 2019, mediante los cuales
remitieron sus observaciones a los informes del Estado. En su último escrito solicitaron
al Tribunal “tener por satisfecha[s] las medidas provisionales”.
5.
Los escritos presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión”) los días 10 de julio de 2019 y 6 de abril de 2020.
CONSIDERANDO QUE:
1.
En las Sentencias que emitió la Corte en el caso Durand y Ugarte Vs. Perú, ordenó
al Estado investigar los hechos violatorios, y juzgar y sancionar a los responsables (supra
Visto 1) 7.
2.
El artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención Americana” o “la Convención”) dispone que “[e]n casos de
extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a
las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas
provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén
sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Esta disposición
está a su vez regulada en el artículo 27 del Reglamento de la Corte (en adelante “el
Reglamento”).
3.
Las medidas provisionales tienen una naturaleza temporal y un carácter
excepcional y son dictadas siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema
gravedad, urgencia, y necesidad de evitar daños irreparables a las personas. Estos tres
requisitos son coexistentes y deben persistir para que la Corte mantenga la protección
ordenada; si uno de ellos ha dejado de tener vigencia, corresponderá al Tribunal valorar
la pertinencia de su continuación 8. Así, a efectos de decidir si se mantiene la vigencia de
las medidas provisionales, el Tribunal debe analizar si persiste la situación que determinó
su adopción, o bien si nuevas circunstancias igualmente graves y urgentes ameritan su
mantenimiento 9.

6
Las organizaciones no gubernamentales Instituto de Defensa Legal (IDL) y Centro por la Justicia y el
Derecho Internacional (CEJIL).
7
En la Sentencia de fondo la Corte dispuso que “el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible
para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar
los hechos y procesar y sancionar a los responsables”. Asimismo, en la Sentencia de reparaciones y costas el
Tribunal homologó el acuerdo entre las partes que disponía “investigar y sancionar a los responsables de los
hechos, en virtud del punto resolutivo séptimo de la sentencia de fondo dictada por la Corte el 16 de agosto
de 2000, y seguir impulsando la investigación que se tramita ante la 41 Fiscalía Penal de Lima, por el delito
de homicidio en perjuicio de 30 personas, entre las cuales se encuentran Nolberto Durand Ugarte y Gabriel
Pablo Ugarte Rivera”. Cfr. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. Fondo, supra nota 1, punto dispositivo 7 y Caso
Durand y Ugarte Vs. Perú. Reparaciones y Costas, supra nota 2, punto dispositivo 4.c.
8
Cfr. Asunto Álvarez y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte de
22 de mayo de 2013, Considerando 2, y Asunto Mery Naranjo y otros respecto de Colombia. Medidas
Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 13 de marzo de 2019,
Considerando 3.
9
Cfr. Asunto Gladys Lanza Ochoa. Medidas Provisionales respecto de Honduras. Resolución de la Corte
de 23 de noviembre de 2016, Considerando 3, y Asunto Mery Naranjo y otros respecto de Colombia, supra
nota 8, Considerando 4.

-2-

Select target paragraph3