7 del establecimiento habían accedido a los computadores del Comité sin autorización, por lo cual “tuvieron acceso a carpetas electrónicas con información de casos de violaciones de derechos humanos”. Al respecto, señalaron que, aunque desconocen el interés o móvil de dichos agentes, “teme[n] que estos abusos […] puedan estar vinculados a los hostigamientos [y al ataque a la sede] contra el Comité Cívico del Meta”. Informaron que el Comité Cívico y su Presidenta, la beneficiaria Islena Rey, han manifestado ante la Fiscalía General de la Nación y ante la opinión pública que el ataque a la sede y el hurto de equipos están claramente relacionados con su labor como defensores de derechos humanos. Por otra parte, en relación con dicho incidente, indicaron que se había informado inmediatamente a las autoridades y que se había introducido una queja por el comportamiento de los policías asignados a la custodia de la sede, así como subrayaron que esperaban el avance oportuno de la investigación y que se les informara de las conclusiones. Posteriormente, en sus observaciones de 16 de febrero de 2011 indicaron que desconocían los avances obtenidos en la investigación que adelanta la Oficina de Control Interno de la Policía Nacional. 15. Adicionalmente, los representantes señalaron que el contexto de conflicto armado en el departamento del Meta continúa siendo un elemento de riesgo. En particular, hicieron referencia a la presencia de grupos paramilitares “conformados por quienes se desmovilizaron durante el 2007, entre ellos uno denominado Ejército Revolucionario Popular Anti[comunista] (ERPAC)”, así como el apoyo de agentes estatales al grupo paramilitar, “concretamente el Ejército Nacional y el […] DAS”. Al respecto, resaltaron que la beneficiaria Islena Rey ha alertado a las autoridades sobre “la infiltración de grupos paramilitares en el DAS”, así como la participación de grupos paramilitares en situaciones de riesgo de las cuales ha sido víctima, como el atentado sufrido el 17 de octubre de 2009 8. Subrayaron que las comunidades campesinas también han indicado como responsables de dicho atentado al grupo paramilitar, aunque el Estado ha atribuido responsabilidad a las FARC. 16. Por otra parte, los representantes informaron que la beneficiaria también ha sufrido hostigamiento por parte de agentes estatales. En particular, mencionaron dos oportunidades en que ha sido detenida y requisada por la Policía Nacional, y también el vehículo que forma parte de su esquema de seguridad9. Señalaron que en ambas oportunidades tuvo que intervenir el Comandante de la Policía del Meta y la encargada de derechos humanos de dicha entidad para que les permitieran continuar y cesara el hostigamiento. Consideraron que los hechos recientes, junto al “difícil contexto” en el que desarrolla sus actividades el Comité, “sumado a las serias inconsistencias de la protección otorgada por el Estado, son fundamentos suficientes para afirmar que la situación actual continúa siendo de extrema gravedad y urgencia”. Asimismo, en sus observaciones de 16 de febrero de 2011 los representantes agregaron que la beneficiaria Islena Rey ha sido recientemente requerida en varias ocasiones por el Ejército Nacional para rendir declaración 8 Cfr. Asunto Giraldo Cardona y otros. Medidas Provisionales respecto de Colombia. Resolución de la Corte de 2 de febrero de 2010, Considerandos sexto a décimo. 9 La beneficiaria Islena Rey detalló en una comunicación de 20 de noviembre de 2010, dirigida al Comandante de la Policía del Meta, la cual se presentó anexa a la comunicación de los representantes de 13 de diciembre de 2010, que el 17 de noviembre de 2010 cuando dos de sus escoltas descendían del vehículo asignado para su protección se les acercaron dos policías, exigiéndole a uno de los escoltas que le entregara el arma de dotación. La beneficiara indicó que a pesar de presentarle los documentos de identificación y de porte del arma, uno de los policías insistió en que había un porte ilegal de armas, e inclusive “esculc[ó] arbitrariamente el bolso que portaba [su] hija, [porque] según este allí también tení[an] otras armas escondidas”. Señaló que los policías no les permitían que continuaran a su casa, hasta que se presentó una sargento, “quien ofreció disculpas a nombre de la Institución”. Por último, resaltó que cuando le preguntó por su actitud “abusiva e irrespetuosa” al policía que los había detenido, éste le indicó que él había hecho bien “el procedimiento”, por lo cual no tenía nada que aclarar. En virtud de lo anterior, la beneficiaria solicitó al Comandante de la Policía del Meta que le informara “si exist[ía] una orden superior que estuviese cumpliendo” dicho policía.