-6- de derechos humanos, en particular del medio ambiente (supra Considerandos 5 y 7); y iii) reparaciones relativas a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar 24. Como fue indicado en el Considerando 3, la presente Resolución se ocupa de la supervisión conjunta de las reparaciones de dos de esos casos. 9. Dicha audiencia fue celebrada ante el pleno de la Corte y participaron: i) el señor César Luna, víctima en uno de los casos; ii) los representantes de las víctimas, provenientes de diversas organizaciones de la sociedad civil tales como: el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús de Honduras (ERIC); el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT); la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); Casa Alianza Honduras; CARITAS-Honduras, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) 25; iii) funcionarios de diversas instituciones del Estado de Honduras tales como: la Procuraduría General de la República; el Instituto Nacional Penitenciario; la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización; el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia26; y iv) abogados de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana27. 10. Resulta de vital importancia que Honduras haya colaborado para que el Tribunal pudiera efectuar esta audiencia de supervisión en territorio de dicho Estado, colaboración que brindó inclusive en el marco del período de sesiones celebrado por este Tribunal en Honduras. La Corte destaca la necesidad de que los Estados asuman este tipo de actitud en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, dirigida a que se realicen audiencias y otras diligencias en su territorio, con la mayor participación posible de funcionarios responsables de ejecutar las reparaciones y la mejor disponibilidad para asumir compromisos dirigidos al pronto cumplimiento de las mismas. Además, la realización de esta Álvarez); iii) adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para mejorar sustancialmente las condiciones de los centros penitenciarios, adecuándolas a los estándares internacionales, a fin de prevenir principalmente incendios y otras situaciones críticas, así como evitar la sobrepoblación y el hacinamiento (caso Pacheco Teruel y otros); iv) implementar medidas de carácter inmediato tendientes a garantizar los derechos fundamentales de los reclusos, así como medidas de prevención de siniestros en los diferentes centros señalados en la Sentencia (caso Pacheco Teruel y otros); y, v) implementar programas de capacitación al personal civil y policial de los centros penales, y planes de emergencia y evacuación en caso de incendios u otras catástrofes (caso Pacheco Teruel y otros). 24 Reparaciones relativas a la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar, ordenadas en los casos Juan Humberto Sánchez, López Álvarez, Servellón García y otros, Kawas Fernández y Pacheco Teruel y otros. 25 Por las víctimas y sus representantes participaron: i) César Luna, víctima del caso Luna López; ii) Joaquín Mejía, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús de Honduras (ERIC); iii) Bertha Oliva De Nativí, Andreé-Anne Perreault Girard, Meri Argucia, Karol Cárdenas y Lorena Suyapa Rubí Lanza, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); iv) Juan Almendarez y Alba Medina, del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura (CPTRT); v) Miriam Miranda y Alfredo López, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH); vi) José Guadalupe Ruedas y Ubaldo Herrera, de Casa Alianza Honduras; vii) Heydi López, representante de las víctimas del caso Luna López; viii) Nelmy Rodas, Carlos Paz, Isis Perdomo y Zobeida Mendoza, de CARITAS-Honduras; ix) Marcia Aguiluz, Samantha Colli, Alfredo Ortega e Ilse Chango, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 26 Por el Estado participaron: Jorge Abilio Serrano Villanueva, Sub Procurador General de la República y Coordinador del Grupo de Trabajo Institucional en Materia de Derechos Humanos y Agente alterno; Eblin Andino Sabillón, Asistente del Sub Procurador General de la República; José Antonio Flores, Secretario General, Instituto Nacional Penitenciario; Gustavo Urrutia, Gerente Administrativo, Instituto Nacional Penitenciario; German Mcniel, de la Oficina de Derechos Humanos, Instituto Nacional Penitenciario; Mónica Reyes, Departamento de Infraestructura, Instituto Nacional Penitenciario; Sagrario Prudott, Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; Félix Alejandro Maldonado Jiménez, Sub Comisionado; Juan Aguilar Godoy, Sub Comisionado; Karla Cueva, Vice Ministra de la Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización; Gina Aronne, de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Irsa Rojas de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Ana Raquel Ortez, Procuraduría General de la República; Soraya Morales, Fiscal Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público; Ligia Pitsikalis Midence, Coordinadora de la Unidad de Convenios y Asuntos Internacionales de la División Legal del Ministerio Público y María Luisa Ramos, Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. 27 Por la Comisión Interamericana participaron: Jorge H. Meza Flores y Erick Acuña.

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