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mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia y, si esto no fuera posible, brindarles
alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al
momento de ser despedidos. En caso de no ser tampoco posible esto último, el Estado
deberá proceder al pago de la indemnización que corresponda a la terminación de relaciones
de trabajo, de conformidad con el derecho laboral interno. De la misma manera, a los
derechohabientes de las víctimas que hayan fallecido el Estado les brindará las retribuciones
por concepto de pensión o retiro que les corresponda. El Estado deberá proceder a cumplir
con lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo máximo de 12 meses
contados a partir de la notificación de la […] Sentencia.
8.
decid[ió], por equidad, que el Estado debe pagar a cada uno de los 270 trabajadores
mencionados en el párrafo 4 de la […] Sentencia, la suma de US$ 3.000 (tres mil dólares de
los Estados Unidos de América) por concepto de daño moral. El Estado deberá proceder a
cumplir con lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo máximo de 90 días
contados a partir de la notificación de la […] Sentencia.
9.
decid[ió], por equidad, que el Estado debe pagar al conjunto de los 270 trabajadores
mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia, la suma de US$ 100.000 (cien mil
dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro de gastos generados por las
gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes, y la suma de US$ 20.000 (veinte
mil dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro de costas, causados en los
procesos internos y en el proceso internacional ante el sistema interamericano de protección.
Estas sumas se pagarán por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
10.
decid[ió] que supervisará el cumplimiento de [la] Sentencia y sólo después dará por
concluido el caso.

2.
El escrito de 8 de mayo de 2001, recibido el 11 de los mismos mes y año en la
Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), mediante el cual el Estado de Panamá (en
adelante “el Estado” o “Panamá”) hizo referencia al cumplimiento del pago del daño moral
dispuesto en el punto resolutivo octavo de la sentencia (supra visto 1).
3.
Los escritos de 14 y 15 de mayo de 2001, mediante los cuales el Defensor del Pueblo
de Panamá se refirió al pago por concepto del daño moral (supra vistos 1 y 2).
4.
El escrito de la Secretaría de 26 de mayo de 2001, mediante el cual se dirigió al
Canciller de Panamá con el propósito de recordarle “que el plazo para el pago del daño moral
[…] venció el 13 de mayo de 2001. Además, la Corte [le expresó …] que es fundamental que
dichos plazos se observen y que no sean objeto de prórrogas o atrasos que perjudiquen a las
víctimas”.
5.
El escrito de 5 de junio de 2001, en el cual el señor Rolando Gómez se refirió al
cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte en este caso.
6.
La comunicación de 4 de junio de 2001, mediante la cual los señores Manrique Mejía y
Estebana Nash presentaron al Tribunal el nombre y el número de cédula de identidad de las
víctimas en el caso. El 6 de junio de 2001 el Estado presentó un escrito solicitando “el
refrendo de la lista adjunta, contentiva de los nombres y números de cédula de identidad de los
peticionarios de este caso, donde se indica además quienes de ellos han fallecido.” Ese mismo
día la Secretaría informó a la Comisión que no contaba con copias de las cédulas de identidad

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