3.
La Corte garantizó a las partes y a la Comisión el derecho de defensa respecto de los
ofrecimientos probatorios oportunamente realizados. El Estado y la Comisión no presentaron
objeciones respecto a las declaraciones ofrecidas. Los representantes objetaron a los cuatro
testigos propuestos por el Estado.
4.
La Presidenta considera conveniente recabar las declaraciones ofrecidas por las partes
que no han sido objetadas a efecto de que el Tribunal aprecie su valor en la debida oportunidad
procesal, dentro del contexto del acervo probatorio existente y según las reglas de la sana
crítica. Por consiguiente, la Presidenta admite las declaraciones de las presuntas víctimas
Carcoth Padmoe Miller, Amistero Bans Valeriano, Imiclena Masier Alem, Melvia Cristina
Guerrero, Arpin Robles Tayaton, Flaviano Martínez López, Ladina Emy Boden, Cherly Miranda
Manuel, del testigo Feliciano Kirrington, de los peritajes de Elmer Mejía, María Sol Yañez,
Fernando Montero, Mario Chinchilla, y Nicolás Carillo, y del peritaje conjunto de Hilda Beatriz
Miranda, Jorge Escandón, Daniel Feierstein y Benjamín Mayer, propuestas por los
representantes.
5.
Por otra parte, la Presidenta advierte que la situación originada a causa de la pandemia
por la propagación del COVID-19, cuyos efectos son de público conocimiento y persisten en
la actualidad, conlleva obstáculos notorios para llevar a cabo una audiencia pública en la sede
del Tribunal. Resulta incierto el momento en que dichos obstáculos, que constituyen razones
de fuerza mayor, puedan ser subsanados.
6.
En virtud de lo anterior, la Presidenta ha decidido, en consulta con el Pleno de la Corte,
que es necesario convocar a una audiencia pública durante la cual se recibirán las
declaraciones que sean admitidas para ser realizadas en la audiencia pública, así como los
alegatos y observaciones finales orales, por medio de una plataforma de videoconferencia.
7.
A continuación, la Presidenta analizará en forma particular: a) la admisibilidad de la
prueba pericial ofrecida por la Comisión y la solicitud de traslado de un peritaje; b) las
objeciones a las declaraciones testimoniales ofrecidas por el Estado; c) la solicitud de prueba
realizada por los representantes; y d) aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas
ante la Corte.
A.

Admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la Comisión Interamericana y
la solicitud de traslado de un peritaje

8.
La Comisión ofreció, como prueba pericial, los dictámenes de Sebastián Ernesto
Tedeshi1, Humberto Cantú Rivera2, y Silvia Quan3, indicó el objeto de sus declaraciones, y
La Comisión informó que el perito declararía sobre “las obligaciones estatales de protección de las y los
trabajadores respecto de actividades y trabajos peligrosos y de alto riesgo, incluyendo aquellos realizados en el sector
informal. La persona experta se pronunciará sobre estándares de debida diligencia aplicables a los funcionarios
estatales encargados de la fiscalización de las condiciones de trabajo y seguridad laboral, en particular en contextos
de zonas de riesgo o altos índices de pobreza, así como de la respuesta investigativa e institucional que debe darse
para enfrentar los diferentes elementos que favorecen la existencia y permanencia de violaciones a derechos humanos
en este contexto. El perito se referirá a estos temas también tomando en cuenta el contenido del derecho al trabajo,
a la salud y a la seguridad social, y su intersección con el principio de igualdad y no discriminación en situaciones de
pobreza y falta de acceso a opciones laborales. El perito se referirá también a las medidas de no repetición que se
consideren adecuadas frente a situaciones como las del presente caso.”
2
La Comisión informó que el perito declararía sobre “el contenido y alcance de los deberes específicos de los
Estados de prevenir, supervisar, regular e investigar violaciones a los derechos humanos en el marco de actividades
empresariales de alto riesgo y los efectos jurídicos que de ellos se generan sobre las empresas a la luz de los
estándares interamericanos.”
3
La Comisión informó que la perito declararía sobre “los estándares internacionales en materia de salud,
rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad, tomando en especial consideración las circunstancias del
presente caso.”
1

2

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