INFORME Nº 5/97
CASO 11.227
Sobre Admisibilidad
COLOMBIA*
12 de marzo de 1997
1.
Los peticionarios en esta causa (REINICIAR y la Comisión Colombiana de Juristas),
alegan que la República de Colombia (el "Estado" o el "Estado colombiano" o "Colombia") es
responsable de haber violado derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (la "Convención" o la "Convención Americana"), en relación con la persecución de
miembros del partido político Unión Patriótica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(la "Comisión") concluye que el caso es admisible.
I.

ANTECEDENTES

A.

Contexto

2.
El 28 de mayo de 1985, la Unión Patriótica se constituyó en partido político como
resultado de las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(las "FARC") y el Gobierno del Presidente Belisario Betancur Cuartas. En el curso de las
negociaciones, las partes convinieron en establecer la Unión Patriótica como partido político con
las garantías necesarias para que pudiera actuar en las mismas condiciones que los demás
partidos políticos. Asimismo, el Gobierno manifestó que aseguraría la participación de los
dirigentes de las FARC en las actividades políticas.
3.
La Unión Patriótica no se concibió como partido político en el sentido estricto de la
palabra sino que se percibió, más bien, como una alternativa política frente a la estructura
tradicional del poder para contar con un medio que permitiera canalizar las diversas
manifestaciones de protesta civil y popular y, asimismo, con un mecanismo político para la posible
reasimilación de las FARC a la vida civil. Apenas fue creado, el partido recibió el respaldo
inmediato de movimientos políticos izquierdistas y logró un importante y rápido éxito electoral en
los comicios de 1986 y 1988.
B.

Alegaciones de los peticionarios

4.
Los peticionarios han alegado que desde la formación de la Unión Patriótica, sus
miembros han sido víctimas de persecución sistemática que se ha manifestado en ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones, enjuiciamientos penales infundados, atentados y amenazas. Los
peticionarios afirman que la persecución de los miembros de la Unión Patriótica constituye un
intento de eliminar el partido como fuerza política por la vía de la violencia y la intimidación de
sus miembros y dirigentes. Los peticionarios alegan que las acciones contra los miembros de la
Unión Patriótica constituyen un acto de genocidio y de violación de los derechos humanos
protegidos por la Convención.
5.
Los peticionarios argumentan que, por varias razones, el Estado de Colombia es
responsable de las violaciones de los derechos humanos de miembros de la Unión Patriótica. En
primer lugar, afirman que agentes del Estado han participado en crímenes de los cuales han sido
blanco miembros de la Unión Patriótica. En segundo lugar, sostienen que el Estado de Colombia
no ha cumplido con su obligación de proteger los derechos humanos de los miembros de la Unión

* El Comisionado doctor Alvaro Tirado Mejía, de nacionalidad colombiana, no participó en el debate ni en la votación
de este caso, conforme al artículo 19 del Reglamento de la Comisión.

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