INFORME No. 125/19
CASO 12.691
FONDO
INFORME DE FONDO
MIEMBROS DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE ECASA –SUTECASAPERU1
31 de julio de 2019
I.

RESUMEN

1.
El 11 y 12 de noviembre de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
también "la Comisión Interamericana", "la Comisión" o "la CIDH") recibió una petición presentada por el señor Jesús
Mogollón, Pablo Álvarez y el Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (en adelante también “el SUTECASA” o "los
peticionarios") a favor de los miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA (en adelante también “las
presuntas víctimas”), en la cual se alega la violación por parte de la República de Perú (en adelante también "Perú",
"el Estado" o "el Estado peruano") de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la
Convención Americana”, “la Convención” o la “CADH”) por el incumplimiento de fallos judiciales emitidos en su favor.
2.
La Comisión aprobó el informe de admisibilidad No. 4/09 el 11 de febrero de 2009 2 . El 12 de
noviembre de 1993 la Comisión notificó dicho informe a las partes y se puso a su disposición a fin de llegar a una
solución amistosa, pero no se dieron las condiciones para indicar dicho procedimiento. Las partes contaron con los
plazos reglamentarios para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo. Toda la información recibida fue
debidamente trasladada entre las partes.
II.

POSICION DE LAS PARTES

A.

PARTE PETICIONARIA

3.
La parte peticionaria señaló que, en el marco del proceso de privatización de empresas estatales en
1991, el gobierno decidió liquidar la Empresa Comercializadora de Alimentos S.A. (ECASA), lo que generó el despido
de más de tres mil trabajadores, incluidos los peticionarios. Asegura que el Estado mediante los Decretos Supremos
No. 057-90-TR y 107-90-PCM dispuso suspender los incrementos salariales fijados por Convenios Colectivos,
principalmente la aplicación de la Escala Salarial, ello en desconocimiento de las garantías establecidas en el Pacto
Colectivo 90/91 que les regía.
4.
Indicó que ante esta situación promovieron demanda de acción de amparo resultando favorable en
todas las instancias. Detallaron tanto los peticionarios como el Estado que, el 22 de abril de 1991, el Octavo Juzgado
Civil de Lima declaró fundada la demanda de acción de amparo declarando sin efecto la aplicación de los Decretos
número 057-90-TR y 107-90-PCM. Agregó que este fallo fue confirmado por la Sexta Sala Civil de Lima el 27 de
septiembre de 1991 y posteriormente elevado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de
Justicia de la República, a raíz de la nulidad planteada por el Procurador Público del Ministerio de Trabajo, y que el 16
de febrero de 1993 se declaró no haber nulidad y en consecuencia inaplicables dichos decretos. Señaló que a pesar de
la firmeza de esta decisión, declarada mediante decisión de 25 de junio de 1996, el Estado peruano se ha abstenido
de reponer las cosas al estado anterior a la aplicación de los decretos, omitiendo el pago de los beneficios laborales
adeudados y reconocidos judicialmente.
5.
Afirmó que la falta de ejecución de la sentencia se ha debido a dilaciones judiciales consistentes en
disponer reiteradamente nuevas pericias en las cuales los peritos son renuentes en sus errores. Agregó que el 14 de
Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, el Comisionado Francisco Eguiguren, de nacionalidad peruana, no
participó en el debate ni en la decisión del presente caso.
2 CIDH. Informe No. 4/09. Petición 914-98. Miembros del Sindicato Único de Trabajadores de ECASA. 11 de febrero de 2009.
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